Peramato y Perelló lanzan un serio aviso al Gobierno por Ceuta mientras Sánchez se esfuma de la apertura del Año Judicial

Ceuta ha terminado colándose en el centro de la apertura del Año Judicial. Teresa Peramato ha aprovechado su intervención ante Felipe VI y las principales autoridades judiciales del país para lanzar un mensaje muy concreto sobre la ciudad autónoma: recuperar cuanto antes una situación de "plena seguridad y normalidad".

La fiscal general del Estado ha introducido así la crisis ceutí en un acto especialmente marcado este año por la tensión institucional, las investigaciones abiertas y el debate sobre algunas de las últimas decisiones de los tribunales. Peramato ha trasladado su apoyo a los ciudadanos de Ceuta por la forma en la que han afrontado las últimas semanas y ha insistido en que restablecer la normalidad y garantizar la seguridad es compatible, en sus palabras, con "los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".

La responsable del Ministerio Público también ha reconocido el trabajo de quienes están interviniendo sobre el terreno, desde instituciones y organizaciones sociales hasta voluntarios y miembros de la Fiscalía. Especial mención ha dedicado a los fiscales destinados en Ceuta, cuya labor ha situado como esencial para garantizar la legalidad y la protección de los derechos fundamentales, con especial atención a los menores afectados por la situación.

El mensaje adquiere además una dimensión particular porque la crisis de Ceuta ya está bajo investigación judicial. La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias dirigidas por la magistrada María Tardón para tratar de esclarecer qué ocurrió en torno a la entrada masiva y qué información manejaron los distintos organismos antes y durante aquellos días.

Ese procedimiento ya ha generado fricciones entre Interior y la propia Audiencia Nacional por la gestión de determinada información policial, aunque la Sala de Gobierno del tribunal terminó respaldando la actuación de la magistrada.

Sánchez, otra vez fuera del acto

Mientras Peramato reclamaba recuperar la seguridad en Ceuta ante el Rey, Pedro Sánchez volvía a quedarse fuera de la ceremonia. El presidente del Gobierno no ha acudido a la apertura del Año Judicial, una ausencia que se repite desde su llegada a La Moncloa y que vuelve a dejar a Félix Bolaños como representante del Ejecutivo en el Tribunal Supremo.

Sí han asistido, entre otros, Alberto Núñez Feijóo, Francina Armengol, Pedro Rollán y Cándido Conde-Pumpido, además de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

La ausencia de Sánchez vuelve a llamar especialmente la atención por el momento en el que se produce. El nuevo curso judicial arranca con varios frentes abiertos que afectan directamente a la relación entre el Gobierno y los tribunales.

Entre ellos figura la investigación sobre Ceuta y también la polémica abierta por la llamada "ley de nietos", después de que el Tribunal Supremo adoptara una decisión cautelar sobre la inscripción en el censo electoral de determinados nuevos españoles.

Sánchez, lejos del Supremo, ha mantenido agenda institucional fuera de Madrid, mientras el Rey presidía una ceremonia en la que las referencias a seguridad, corrupción e independencia judicial han marcado buena parte del discurso.

Peramato alerta sobre la corrupción

La fiscal general también ha reservado una parte destacada de su intervención a la corrupción, que ha definido como un fenómeno capaz de deteriorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y alterar el correcto funcionamiento de los poderes públicos.

Peramato ha defendido que el Ministerio Fiscal debe actuar en estos casos con rigor, independencia y determinación, especialmente cuando las investigaciones afectan a autoridades o funcionarios que puedan haberse servido de sus responsabilidades públicas.

Perelló reclama proteger las fronteras de Ceuta y carga contra las presiones a los jueces

El discurso de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, añadió todavía más carga institucional a una apertura del Año Judicial marcada por la crisis de Ceuta y por la ausencia de Pedro Sánchez.

Perelló cerró su intervención con una referencia directa a la ciudad autónoma. Tras recordar a las personas que han perdido la vida durante la crisis, sostuvo que los ciudadanos de Ceuta pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial y en que los jueces continuarán velando por el cumplimiento de la ley y por los derechos de los afectados. Pero fue más allá al reclamar una respuesta que "preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos", al tiempo que garantice el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

La presidenta del Supremo dedicó también una parte especialmente contundente de su intervención a la independencia judicial. Defendió que los magistrados deben poder tomar sus decisiones sin "influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo", y vinculó directamente esa independencia con la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Uno de los pasajes más significativos llegó cuando Perelló abordó las acusaciones de lawfare. La presidenta del Poder Judicial alertó de que en los últimos tiempos se han generalizado las acusaciones de que jueces y tribunales dictan determinadas resoluciones por motivos políticos y no jurídicos. Calificó esa imputación de "extraordinaria gravedad" y advirtió de que pone en cuestión uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.

El aviso se dirigió especialmente a quienes ocupan responsabilidades públicas. Perelló recordó que las críticas a las resoluciones judiciales son legítimas, pero sostuvo que cuando las descalificaciones contra jueces proceden de representantes institucionales su gravedad es mayor. En ese contexto lanzó una frase especialmente contundente: "No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción".

También reivindicó al Poder Judicial como un "verdadero contrapeso" de los demás poderes del Estado y reclamó lealtad institucional para que cada uno de ellos respete las competencias que le atribuye la Constitución.

Casi 4,7 millones de asuntos pendientes

Perelló puso además cifras al atasco que continúa arrastrando la Justicia española. Durante 2025, juzgados y tribunales resolvieron más de siete millones de asuntos, pero el número de procedimientos que entraron siguió superando al de los resueltos. Al terminar el ejercicio quedaban cerca de 4,7 millones de asuntos pendientes, un 3,4% más que un año antes.

La situación resulta especialmente delicada en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Durante 2025 recibió más de 13.000 asuntos y terminó el año con aproximadamente 28.000 recursos pendientes, de los que cerca del 60% corresponden a litigación masiva, especialmente asuntos bancarios y reclamaciones relacionadas con distintos cárteles.

Perelló aprovechó además para lanzar un reproche directo por una deuda que acumula ya más de una década. Recordó que sigue sin aprobarse el Estatuto de los letrados del Gabinete Técnico del Supremo pese a que una ley de 2015 daba al Gobierno un año para remitir el correspondiente proyecto. "Once años después, el Estatuto no ha sido aprobado", señaló antes de calificar ese incumplimiento de "inadmisible".

La presidenta del CGPJ reconoció asimismo que España continúa teniendo un déficit de jueces respecto a la media europea. El Consejo calcula que sería necesario convocar 367 nuevas plazas cada año durante la próxima década para cubrir las vacantes previstas, pese a las 500 plazas convocadas y las 500 nuevas unidades judiciales que comenzarán a funcionar a lo largo de 2027.

Con estas palabras, el arranque del curso judicial dejó un doble mensaje sobre Ceuta desde las dos principales intervenciones: Peramato pidió recuperar la "plena seguridad y normalidad" y Perelló reclamó preservar la integridad de las fronteras y garantizar el control ordenado de los accesos. Todo ello ante Felipe VI y sin Pedro Sánchez entre las autoridades presentes.