Leonardo Marcos niega presiones a la UCO pero admite que pidió "que se dieran mucha prisa" con el hermano de Sánchez

La declaración de Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, ha dejado este jueves una de las comparecencias más relevantes dentro de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre las presuntas maniobras atribuidas al entorno de Leire Díez.

Marcos ha negado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional haber ordenado que la investigación de la Unidad Central Operativa sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, terminara con un informe «limpio».

Sin embargo, el antiguo máximo responsable del Instituto Armado sí ha reconocido que reclamó a los investigadores que aceleraran sus pesquisas y que llegaran a trabajar durante el mes de agosto para avanzar en el análisis de los miles de correos electrónicos que todavía estaban pendientes.

Según las fuentes jurídicas que han informado sobre su declaración, Marcos sostiene que aquella petición respondió exclusivamente a la necesidad de agilizar los trabajos y niega que existiera cualquier intento de modificar, condicionar o suavizar las conclusiones de la UCO.

La comparecencia de Marcos se produce después de que antiguos responsables de la UCO situaran sobre la mesa la existencia de supuestas presiones procedentes de la cúpula de la Guardia Civil durante las pesquisas relacionadas con David Sánchez.

El exdirector ha rechazado haber dado instrucciones a los generales Alfonso López Malo y Rafael Yuste para que el informe sobre el hermano de Pedro Sánchez quedara «limpio» o para que la unidad investigadora se pusiera «de perfil».

Sí ha admitido que mantuvo contactos con responsables de la unidad y que pidió celeridad en la investigación.

También ha explicado que convocó a sus subordinados después de comprobar que uno de los informes de la UCO había aparecido publicado en un medio de comunicación. Según su versión, aquella reunión estaba destinada a tratar de averiguar si se había producido alguna filtración desde el interior de la unidad.

La clave que deberá determinar ahora Pedraz es si esas actuaciones formaron parte únicamente de la gestión ordinaria de la Guardia Civil o si pudieron constituir algún tipo de injerencia sobre una investigación judicial que afectaba directamente al hermano del presidente del Gobierno.

La acusación popular pidió su imputación

Leonardo Marcos comparece en calidad de investigado después de que la acusación popular coordinada por el Partido Popular solicitara al juez que ampliara las pesquisas sobre los responsables de la Guardia Civil.

La acusación sostiene que los hechos podrían responder a una actuación coordinada desde la dirección del Instituto Armado y se apoyó, entre otros elementos, en las declaraciones del exjefe de la UCO Rafael Yuste.

Yuste habría relatado la existencia de «presiones» para que la unidad redujera su intervención en las diligencias que dirigía en Badajoz la jueza Beatriz Biedma sobre David Sánchez.

Pedraz decidió finalmente citar a Marcos semanas después de ampliar también la investigación a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas.

Marcos estuvo al frente de la Guardia Civil desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, cuando abandonó el cargo alegando motivos personales.

La jornada en la Audiencia Nacional no se ha limitado a la declaración del exdirector de la Guardia Civil.

Ante Pedraz también ha comparecido el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, que ha negado igualmente cualquier injerencia procedente de la Fiscalía General del Estado.

Su testimonio resulta especialmente relevante porque el juez investiga también qué ocurrió con una denuncia presentada contra Leire Díez y cuál fue exactamente la cadena de comunicaciones entre la Fiscalía General y la Fiscalía Provincial de Badajoz.

La acusación popular había reclamado profundizar en las circunstancias que rodearon la tramitación de aquella denuncia, así como en las comunicaciones internas que se produjeron antes de que el asunto acabara siendo remitido a Madrid.

Pedraz reclama el expediente completo

Otro de los elementos que ha despertado el interés del juez procede de la declaración como testigo del exnúmero dos de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe.

Villafañe sostuvo que se había enviado un informe al fiscal jefe de Badajoz relacionado con la denuncia contra Leire Díez, aunque negó haber dado instrucciones para archivarla.

Según su versión, la denuncia no fue archivada, sino remitida posteriormente a Madrid.

Pedraz quiere reconstruir ahora con precisión qué ocurrió durante ese recorrido administrativo y judicial.

Para ello ha reclamado la copia completa e íntegra del expediente, incluida la denuncia original y toda la documentación incorporada a su tramitación: informes, borradores y anotaciones internas.

El caso Leire se adentra en la cúpula institucional

Todas estas diligencias forman parte de la investigación sobre las supuestas actuaciones de Leire Díez, a la que se atribuyen movimientos dirigidos a obtener información comprometedora sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fiscales y otras personas vinculadas a investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La causa ha ido ampliando progresivamente su perímetro y ya alcanza a antiguos y actuales responsables de la Guardia Civil, además de analizar comunicaciones relacionadas con miembros de la Fiscalía.

La declaración de Leonardo Marcos introduce ahora un elemento especialmente significativo: mientras rechaza de plano cualquier presión destinada a condicionar el contenido del informe sobre David Sánchez, reconoce que desde la propia dirección de la Guardia Civil se reclamó acelerar el trabajo de los investigadores hasta el punto de pedirles que continuaran avanzando durante agosto.

Será Pedraz quien tenga que determinar si aquella urgencia tuvo una explicación estrictamente operativa o si encaja en el conjunto de actuaciones que investiga la Audiencia Nacional alrededor del denominado caso Leire Díez.