Los motivos del Supremo para frenar la Ley de Nietos dan otro disgusto a Sánchez y le auguran un mal futuro

El Tribunal Supremo ya ha explicado por qué ha decidido echar el freno a la denominada Ley de Nietos tras anunciar este martes su decisión y ahora, con la llegada de sus argumentos aparece un nuevo problema para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los magistrados no solo alertan del espectacular crecimiento del voto exterior, sino que detectan un "riesgo de alteración del censo electoral", apuntan a una posible irregularidad derivada de la interpretación realizada mediante una instrucción del Gobierno y advierten de un peligro "fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia de las elecciones.

Como decimos la suspensión cautelar se conoció el pasado martes, después de los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, pero los dos autos conocidos ahora desvelan las razones que han llevado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a adoptar una decisión de semejante calado. Y las cifras están en el centro del razonamiento: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha crecido en 408.262 electores desde las últimas elecciones generales.

En concreto, ha pasado de los 2.328.260 electores de 2023 a los 2.736.522 contabilizados a 1 de julio de 2026. Un "incremento extraordinario" que, según ha advertido el Supremo, se encuentra además "en constante aumento".

Para los magistrados, la dimensión de ese crecimiento genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral". Un escenario que podría terminar provocando un daño irreversible si se celebraran unas elecciones antes de que el tribunal resolviese definitivamente sobre el fondo del asunto.

El Supremo apunta a una posible irregularidad

Pero los nuevos autos van más allá del volumen de nuevos electores. El Supremo pone también la lupa sobre la forma en la que se han producido parte de esas incorporaciones al censo a raíz de la interpretación realizada mediante una instrucción del Gobierno. Los magistrados aprecian un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".

Al igual que sostienen los recurrentes, el tribunal considera que las altas realizadas a partir de la interpretación de la Ley de Nietos establecida mediante esa instrucción podrían estar incursas en irregularidad. Una duda que adquiere una dimensión todavía mayor porque sus consecuencias no se limitarían a los nuevos inscritos, sino que podrían afectar al conjunto del proceso electoral y a la confianza de los ciudadanos en sus resultados.

El Supremo defiende por ello la necesidad de preservar la corrección, claridad y transparencia del censo para garantizar que prevalezca "la expresión de la voluntad popular, que es la titular de la soberanía nacional".

El aviso más grave: el resultado de las elecciones

Es precisamente ahí donde los argumentos del Supremo adquieren mayor relevancia política. Los magistrados advierten de que, dada la "magnitud de las cifras de incremento del CERA ofrecidas", podrían quedar "gravemente comprometidos" tanto el derecho de sufragio como "el resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral".

Es decir, el Alto Tribunal no se limita a advertir de un problema administrativo en la confección del censo. Pone sobre la mesa el riesgo de que un crecimiento excepcional que termine afectando a la voluntad expresada en las urnas por quienes sí estaban correctamente inscritos.

De ahí que el Supremo considere necesario actuar antes de que ese eventual perjuicio pueda resultar imposible de reparar. Como explica en sus resoluciones, permitir que la situación despliegue plenamente sus efectos podría afectar a la transparencia de las elecciones, a la confianza ciudadana en sus resultados y generar una incertidumbre que alcanzaría al propio resultado electoral.

"La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la vigencia del principio de igualdad, constituyen los pilares esenciales sobre los que se asienta el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de Derecho que es España", sostienen los magistrados.

Una suspensión temporal, no de las nacionalidades

La decisión judicial no anula ni suspende las nacionalidades concedidas mediante la denominada Ley de Nietos. Lo que queda paralizado cautelarmente es su efecto electoral en los supuestos afectados mientras el tribunal decide sobre el fondo de los recursos.

El punto bajo discusión está en la posterior instrucción del Gobierno, que estableció que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955. Son los efectos electorales derivados de la aplicación de esa presunción los que ahora quedan bajo la lupa judicial. De hecho, las inscripciones en el CERA no se suspenderán cuando los nuevos electores obtengan de los registros consulares una certificación que acredite que cumplen los requisitos exigidos sin necesidad de acogerse a "la presunción de la instrucción".

La mayoría de la Sala (solo recibió un voto en contra) ha optado por anteponer cautelarmente las garantías del proceso electoral ante la magnitud del aumento del CERA y las dudas sobre su regularidad jurídica. Los argumentos conocidos ahora explican así la trascendencia del freno acordado el martes: el Supremo teme que mantener los efectos electorales de estas inscripciones antes de resolver definitivamente pueda alterar el censo, comprometer la voluntad de los electores correctamente inscritos y causar un daño irreversible en unas futuras elecciones.

Los puntos clave del ‘no’ del Supremo a la Ley de Nietos