El delegado de Sánchez en Ceuta acaba investigado en la Audiencia Nacional: la jueza Tardón asume el caso

La investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la entrada masiva de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio da un nuevo salto judicial. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, se hará cargo de las actuaciones abiertas inicialmente en un juzgado de Ceuta para esclarecer la actuación de la Delegación del Gobierno durante aquellos días.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha aceptado la petición de inhibición formulada por la magistrada de la Audiencia Nacional y ha acordado remitirle íntegramente todas las actuaciones practicadas hasta ahora. De esta manera, será la jueza Tardón quien continúe con la investigación sobre el delegado del Gobierno en Ceuta y unos hechos que provocaron la entrada masiva de personas desde Marruecos y que han situado bajo el foco la respuesta de las autoridades españolas.

El traslado de la causa no se limita al expediente principal. El juzgado ceutí también ha remitido a la jueza María Tardón las peticiones formuladas por Hazte Oír después de que esta organización presentara y ampliara su querella contra el delegado del Gobierno. Entre las diligencias solicitadas figura que Pérez Triano declare en calidad de investigado, además de la conservación de correos electrónicos y grabaciones relacionados con los hechos. Hazte Oír también ha reclamado que se incorporen a la investigación los correspondientes atestados policiales y que declare como testigo Gonzalo Sanz, hasta hace pocos días jefe de gabinete del propio delegado del Gobierno. La declaración de Sanz podría adquirir especial relevancia por su posición dentro de la Delegación durante los acontecimientos investigados y por su reciente salida del cargo.

La decisión del juzgado de Ceuta supone que toda la documentación y las diligencias acumuladas hasta ahora pasan a manos de la Audiencia Nacional. La magistrada deberá ahora determinar el alcance de la investigación y si procede practicar las diligencias reclamadas por las partes. Por el momento, la existencia de una investigación judicial no implica que Pérez Triano haya sido declarado culpable de ningún delito. Será la instrucción la que determine si existen responsabilidades y, en su caso, quién debe responder por ellas. Pero el escenario judicial se complica para el delegado del Gobierno: la actuación de la Delegación durante la entrada masiva de inmigrantes queda ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Y junto a la investigación aparecen sobre la mesa correos, grabaciones, atestados policiales y la posible declaración de quien hasta hace poco era uno de los hombres de máxima confianza de Pérez Triano. La investigación deja así de ser únicamente una cuestión política. Ahora será la Justicia la que tenga que reconstruir qué ocurrió realmente en Ceuta durante aquellos dos días y qué decisiones se tomaron mientras miles de personas cruzaban desde Marruecos.