Caso CrytoSpain: el juez cierra la investigación y deja a Álvaro Romillo y otros nueve procesados a las puertas del banquillo
Más de 3.000 inversores afectados, más de 185 millones de euros presuntamente desaparecidos y una causa que podría superar los 260 millones según las partes. La investigación sobre Madeira Invest Club, la plataforma de Álvaro Romillo, conocido como ‘Cryptospain’, entra en su fase decisiva tras el cierre de la instrucción por parte de la Audiencia Nacional.
Álvaro Romillo.
La investigación judicial sobre Madeira Invest Club (MIC) ya tiene fecha de caducidad en su primera etapa. El magistrado José Luis Calama Teixeira ha declarado concluido el Sumario Ordinario 7/2025, poniendo fin a meses de pesquisas sobre la plataforma de inversión creada por Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como ‘Cryptospain’.
El cierre de la instrucción supone un paso decisivo en una causa que afecta a más de 3.000 inversores y en la que las cantidades presuntamente defraudadas son objeto de distintas estimaciones. Mientras algunas fuentes sitúan el perjuicio por encima de los 185 millones de euros, las partes sostienen que la cifra podría superar los 260 millones.
Romillo y otras nueve personas quedan así a las puertas de una posible vista oral. Será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que deberá decidir ahora si procede abrir juicio oral y, en su caso, señalar la fecha del juicio.
Diez procesados y una acusación que puede alcanzar los 18 años
El auto sitúa como procesados a Álvaro Romillo Castillo, Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole —esposa de Romillo—, Daniel Alcázar Jiménez, Rosa María de Oliveira de Castro, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz.
Según la resolución judicial, los hechos investigados podrían constituir un delito continuado de estafa cualificada por su especial gravedad, el denominado «delito masa», conforme a los artículos 74.2, 248, 249 y 250.2 del Código Penal.
La pena prevista inicialmente, de cuatro a ocho años de prisión, podría elevarse en uno o dos grados, hasta alcanzar un máximo de 18 años.
El juez contempla además la posible existencia de un delito de organización criminal, que podría conllevar otros cuatro a ocho años de prisión. A ello se suma una investigación independiente por un posible delito de blanqueo de capitales, que continúa abierta en una pieza separada.
Una plataforma que prometía rentabilidades de hasta el 53%
Madeira Invest Club se presentaba ante sus miembros como un club privado de inversión. El acceso tenía un coste aproximado de 2.000 euros anuales y permitía participar en inversiones vinculadas a activos muy diversos: arte digital, vehículos de lujo, whisky, inmuebles o criptomonedas.
Uno de los principales atractivos para los inversores eran las rentabilidades anunciadas. Según la fuente y el momento, estas llegaron a situarse entre el 20% y el 53% anual.
La CNMV había advertido sobre la plataforma y la había calificado como «chiringuito financiero».
Con el avance de la investigación también aumentó el número de perjudicados contabilizados. Zaballos Abogados calculaba inicialmente más de 2.700 afectados, mientras que el auto dictado en diciembre elevó la cifra hasta 3.062.
«Algunos de los damnificados tenían posibles, sí. Pero hay mucha gente que hipotecó sus casas y pidió préstamos o invirtió todos los ahorros que poseían», asegura Emilia Zaballos, cuya acusación particular ha mantenido una participación activa durante el procedimiento.
El patrimonio de Romillo, bajo la lupa
La investigación judicial comenzó acompañada de actuaciones sobre el patrimonio relacionado con el principal investigado.
Álvaro Romillo a su llegada a la Audiencia Nacional.
Pocos días después de que el juzgado admitiera a trámite la denuncia inicial, la asociación representada por Zaballos solicitó el embargo de bienes valorados en unos 25 millones de euros. La petición incluía un chalet en Boadilla del Monte, tres fincas, diez plazas de garaje y un punto de atraque en Alicante.
«Confiamos en la agilidad del magistrado instructor para la protección de dicho patrimonio», señaló entonces la socia directora de Zaballos Abogados.
A ese patrimonio se sumaba el yate Omnia, valorado en unos 23 millones de euros y atracado en Dubái. El propio Romillo había reconocido ser su propietario antes de su detención.
Romillo fue detenido en una operación de la Guardia Civil
El fundador de Madeira Invest Club fue detenido en noviembre de 2025 por la Guardia Civil durante la operación PONEI. Los investigadores habían localizado una cuenta en Singapur con 29 millones de euros.
Alvise Pérez.
Romillo permanece en prisión provisional y el auto de procesamiento estableció para los diez procesados una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros.
La investigación también incorporó un frente tributario. Un informe de la Agencia Tributaria sobre posibles delitos fiscales correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2024 llevó al juez a ampliar el procesamiento mediante un auto de 1 de abril de 2026.
La ampliación afecta a los ejercicios 2023 y 2024 y tiene carácter subsidiario, para el supuesto de que los hechos no sean finalmente considerados delitos contra el patrimonio.
Los diez procesados prestaron declaración indagatoria el pasado 11 de mayo. Ese trámite fue una de las últimas actuaciones relevantes antes del cierre de la instrucción.
La causa también rozó al entorno de ‘Alvise’
El procedimiento tuvo además una derivada política después de que una asociación de afectados solicitara que la investigación se trasladara al Tribunal Supremo para estudiar la posible implicación del eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez.
La petición se produjo después de que Romillo hubiera entregado presuntamente 100.000 euros al político. La asociación sostenía que esta relación podía estar relacionada con la paralización de Madeira Invest Club.
El juzgado rechazó la petición al considerar que no existían indicios suficientes que justificaran la intervención del Tribunal Supremo por razón del aforamiento.
El juez da por terminada la investigación
Con la instrucción concluida, Calama ha remitido las actuaciones y las piezas de convicción a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde el procedimiento continuará como Procedimiento Ordinario 8/2025.
Las partes disponen ahora de diez días para comparecer con abogado y procurador. Quienes no lo hagan serán asistidos y representados de oficio.
El siguiente movimiento corresponderá a la Sala de lo Penal, que deberá pronunciarse sobre la apertura del juicio oral y, si procede, fijar la fecha de la vista.
Después de meses de investigación, declaraciones, informes fiscales y actuaciones sobre el patrimonio de los investigados, el caso Madeira Invest Club entra en una nueva fase: la que determinará si Álvaro Romillo y los otros nueve procesados tendrán finalmente que responder ante un tribunal por los hechos investigados.