Tardón quiere reconstruir las horas previas al caos de Ceuta: llama como testigos a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno
La jueza quiere reconstruir las horas previas a la entrada masiva y reclama quién recibió las alertas, a qué hora y qué medidas se adoptaron.
La Audiencia Nacional quiere reconstruir con detalle qué información manejaban las autoridades antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. La jueza María Tardón ha citado como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno, además del jefe de la Policía Local.
Vivas deberá declarar el próximo 30 de septiembre a las 10.00 horas. Un día después comparecerán el jefe de la Policía Local, también a las 10.00, y el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, a las 12.00. La magistrada considera prioritarios estos testimonios para conocer de forma directa qué información existía antes de los hechos, cuáles eran las previsiones y cómo evolucionó la situación hasta desembocar en el colapso operativo que recoge la causa.
El auto no se limita a las citaciones. Tardón ha ordenado al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno en Ceuta que entreguen todas las alertas, informes, correos electrónicos, órdenes de servicio y documentación operativa relacionada con el riesgo de una entrada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
La jueza exige además que se identifique a los destinatarios de cada aviso, la fecha y hora exactas en las que fueron recibidos y las medidas que se adoptaron como respuesta. El objetivo es reconstruir el recorrido completo de la información previa a la crisis y determinar qué organismos conocían el riesgo y cómo reaccionaron.
La investigación se extiende también a Defensa. Tardón reclama al Estado Mayor de la Defensa las imágenes satelitales disponibles de la zona de Fnideq, en Marruecos, y de la playa de El Trampolín, en Ceuta, así como grabaciones que pudieran haber obtenido los mandos operativos aéreo, marítimo y terrestre. También deberá comunicar cualquier alerta o análisis de riesgo elaborado antes de la entrada masiva, quién lo recibió y cuándo.
La resolución abre además una pieza separada y secreta de investigación tecnológica para rastrear las cuentas, teléfonos, direcciones IP y perfiles utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas durante la difusión de las convocatorias. La Audiencia Nacional pretende identificar a administradores, dinamizadores y posibles coordinadores de la movilización.
Tardón también ha encargado a la UDEF y a la UCO un informe financiero sobre la posible financiación de la movilización, incluyendo movimientos económicos, sistemas informales de transferencia de fondos, contratación de transportes y cualquier operación relacionada con la logística. El auto señala que una movilización estimada entre 75.000 y 85.000 personas difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros.
La causa investiga unos hechos que la propia resolución describe como una actuación organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales. Entre las diligencias acordadas también figura determinar quién pudo planificar y coordinar la operación y qué relación existía entre los dinamizadores digitales, los organizadores sobre el terreno y posibles estructuras superiores.