Golpe judicial a los planes del Gobierno para acomodar a los inmigrantes de Ceuta: frenazo al campamento del puerto
La Audiencia Nacional ha ordenado a Transportes que no ejecute por ahora la instalación prevista para acoger a un millar de inmigrantes en el puerto de Ceuta, después de que el SUP haya reclamado su suspensión cautelar por motivos de seguridad. El tribunal decidirá sobre el futuro del proyecto después de estudiar la documentación exigida al Ministerio.
Inmigrantes acampados, a 5 de septiembre de 2026, en el puerto de Ceuta
La cuestionada y criticada gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta vuelve a encontrarse con un obstáculo en los tribunales. La Audiencia Nacional ha frenado, al menos de momento, el campamento que el Ejecutivo pretende habilitar en el puerto ceutí para acoger a un millar de inmigrantes, después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya acudido a la Justicia para reclamar su suspensión cautelar por razones de seguridad. La decisión no resuelve todavía el fondo de la petición, pero impide a Transportes ejecutar la orden mientras el tribunal estudia el asunto.
En una providencia fechada este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado al Ministerio de Transportes un plazo de doce horas para entregar el expediente, la resolución y el resto de la documentación relacionada con el proyecto. Mientras analiza esa información y decide si acepta la medida cautelar solicitada por el sindicato policial, la Audiencia Nacional ha dejado claro al departamento que dirige Óscar Puente que no puede ejecutar la orden.
El nuevo frente judicial afecta a una instalación de 16.000 metros cuadrados destinada a albergar a alrededor de mil inmigrantes en pleno recinto portuario. El SUP ha cuestionado ese emplazamiento por sus posibles implicaciones para la seguridad de una infraestructura estratégica y ha pedido que se suspenda. El tribunal deberá decidir ahora si mantiene ese freno cautelar tras recibir la información solicitada a Transportes, mientras el Gobierno afronta una nueva controversia derivada de las medidas adoptadas para gestionar la crisis abierta en Ceuta desde finales de julio.
La actuación del SUP no se limita al recurso judicial. El sindicato ha exigido también a los organismos implicados que comprueben los riesgos de incendio y las posibilidades de evacuación, además de la proximidad del futuro campamento a infraestructuras estratégicas vinculadas con combustibles, energía y servicios esenciales. También ha advertido de las posibles consecuencias operativas para los agentes de Policía en caso de que se produzcan incidentes. Una preocupación que ha aumentado después de los incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta.
El proyecto procede de una orden firmada por Transportes el pasado 5 de septiembre ante lo que el propio Ministerio calificó como "la excepcionalidad de la situación en Ceuta". La resolución contempla ocupar aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente y levantar allí, de manera provisional, carpas y espacios de descanso para un millar de personas, además de una enfermería y dispensario, zonas de atención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal encargado de la acogida y una caseta de seguridad. La iniciativa partió de una petición de la Secretaría de Estado de Migraciones para disponer de estas instalaciones temporales en plena crisis de acogida.