Límite, 40 días: las preguntas sobre la Ley de Nietos que el Gobierno tendrá que responder tras el auto del Supremo

El Gobierno tendrá que dar explicaciones por escrito en el Congreso sobre el alcance de la conocida como Ley de Nietos después de que el Tribunal Supremo adoptara medidas cautelares que afectan a determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

VOX ha registrado una batería de preguntas parlamentarias y solicitudes de información dirigidas al Ejecutivo para conocer cómo piensa actuar tras la decisión judicial y, especialmente, cuántos expedientes de nacionalidad se han tramitado mediante los criterios ahora afectados.

El Reglamento del Congreso establece que las preguntas con respuesta escrita deben ser contestadas dentro de los 20 días siguientes a su publicación. Ese plazo puede ampliarse hasta otros 20 días si el Gobierno solicita una prórroga motivada y la Mesa del Congreso la autoriza. Es decir, el Ejecutivo podría disponer de un máximo de 40 días.

El origen de las iniciativas está en la decisión adoptada el pasado 8 de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Según recoge la documentación registrada por VOX, el Alto Tribunal estimó las medidas cautelares solicitadas por la formación contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio relativo a la inscripción en el CERA de personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En concreto, la resolución paraliza cautelarmente determinadas inscripciones en el censo de personas que no sean hijos o nietos de españoles exiliados conforme a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática y suspende determinados efectos electorales ligados a la interpretación realizada a través de la denominada Directriz Séptima.

VOX sostiene que esta decisión judicial supone un freno a lo que considera un intento del Ejecutivo de «adulterar» el CERA de cara a futuros procesos electorales. Se trata de la valoración política de la formación de Santiago Abascal, que ahora pretende que el Gobierno cuantifique el alcance real de las nacionalidades concedidas bajo esos criterios y sus posibles efectos censales.

Una de las primeras cuestiones planteadas al Ejecutivo es qué criterios piensa utilizar para determinar qué personas cumplen el requisito de exilio establecido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

La formación pregunta si el Gobierno continuará utilizando los medios de prueba previstos en la Instrucción de 2022 o si, después de la resolución del Supremo, establecerá unos estándares más elevados para acreditar el exilio de los ascendientes.

Otra de las preguntas entra directamente en el terreno electoral. VOX quiere saber si el Ejecutivo va a suspender los efectos electorales de las personas que se acogieron a determinados apartados de la Ley de Memoria Democrática y cuyo derecho a obtener la nacionalidad deriva de la interpretación aplicada previamente a sus progenitores.

La formación reclama también uno de los datos que permitiría conocer la verdadera dimensión del asunto: cuántos expedientes de nacionalidad española se han tramitado y aprobado como consecuencia de la interpretación efectuada por la Directriz Séptima y de la presunción de exilio establecida en la Instrucción de octubre de 2022.

Las preguntas alcanzan también a los consulados y a la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística. Los diputados de VOX quieren saber si el Ejecutivo va a emitir algún protocolo, orden o instrucción específica dirigida a estos organismos para cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Supremo.

La batería parlamentaria entra incluso en los mecanismos utilizados para comprobar la documentación presentada por los solicitantes de nacionalidad.

VOX pregunta qué procedimientos de verificación se aplicarán para comprobar la veracidad de los documentos aportados para demostrar que los ascendientes sufrieron el exilio y plantea expresamente al Ejecutivo si esas comprobaciones podrían incluir herramientas de inteligencia artificial u otras tecnologías similares.

También aparece la factura económica. El partido quiere saber si el Gobierno ha calculado cuánto costará aplicar las medidas cautelares adoptadas por el Supremo, incluida la necesidad de separar los expedientes de inscripción censal según la modalidad utilizada por cada interesado y proceder posteriormente a su correspondiente revisión.

VOX reclama los expedientes y el coste de su tramitación

La iniciativa parlamentaria no se limita a las preguntas con respuesta escrita. VOX ha registrado además solicitudes formales de información dirigidas a la Administración General del Estado para obtener los datos relativos a los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

En una de ellas solicita el número de expedientes de adquisición de la nacionalidad española tramitados mediante la aplicación directa de los supuestos de exilio de la disposición adicional octava de la norma, sin recurrir a la interpretación de la Directriz Séptima ni a la presunción de exilio incorporada por la Instrucción de 2022.

La formación quiere que esa información se facilite además desglosada por la oficina consular en la que se haya tramitado cada expediente.

A ello suma una petición de carácter económico: conocer el coste total que ha supuesto para la Administración la tramitación de todos los expedientes de obtención de nacionalidad española gestionados al amparo de la Instrucción de 25 de octubre de 2022.

Otra de las solicitudes se centra específicamente en los hijos de quienes habían obtenido previamente la nacionalidad española. VOX pide saber cuántos expedientes fueron tramitados al amparo del apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y exige que se diferencie según la vía por la que los progenitores lograron anteriormente el reconocimiento de la nacionalidad.

El desglose solicitado distingue entre quienes la obtuvieron mediante la aplicación directa de los supuestos de exilio, quienes se beneficiaron de la interpretación realizada por la Directriz Séptima, quienes recurrieron a la presunción de exilio establecida en la Instrucción de 2022 y quienes procedían de la anterior Ley 52/2007.

Con esta batería de iniciativas, VOX busca que el Gobierno ponga cifras sobre la mesa y detalle cuántas nacionalidades fueron tramitadas bajo cada uno de estos criterios, qué volumen de expedientes puede verse afectado por las cautelares del Supremo, cuánto ha costado su gestión y qué consecuencias tendrán las medidas judiciales sobre las inscripciones en el CERA.

Si el Ejecutivo no responde dentro del plazo establecido, el propio Reglamento del Congreso contempla que, a petición de quienes formularon las preguntas, estas puedan pasar a la Comisión competente para recibir tratamiento de pregunta oral.