Nueve madrileños decidirán si Begoña Gómez es culpable: Sánchez irá a elecciones en función del juicio

"No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión...". Palabra epistolar de un presidente del Gobierno enamorado. Con estas líneas, el 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez se cogía cinco días de asuntos propios. Se metió tanto en el papel, que hasta en el Palacio de la Moncloa y en el seno del Consejo de Ministros se creyeron su interpretación. Por supuesto, España entera se mantuvo expectante. 

Con el paso del tiempo supimos que los días de reflexión realmente fueron jornadas de ejecución. El líder socialista y su núcleo más cercano ya trabajaban en las cloacas del PSOE, con la 'fontanera' de Ferraz -Leire Díez- incluida en la mesa de decisiones.

Se contactó, incluso, con narcotraficantes y clanes mafiosos para que maniobraran en favor de los intereses presidenciales. Todo valía con tal de dinamitar las causas judiciales contra Begoña Gómez, contra el 'hermanísimo' David Sánchez y contra el propio Partido Socialista Obrero Español.  

Desde el círculo más próximo al jefe del Ejecutivo insisten en recordar que los posibles delitos cometidos por Begoña Gómez son los que más quebraderos de cabeza generan a Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado ha sacado de quicio a un presidente del Gobierno rabioso por lo que se le viene encima. Insultos, agravios, desprecios e injurias vertidas por ministros y cargos 'sanchistas' contra el magistrado.

El problema es que, una vez, decidido que serán ciudadanos de a pie los que juzguen a la 'primera dama', se les cae el relato del 'lawfare' a Pedro Sánchez y los suyos. Y también lo saben en Moncloa y en Ferraz.

Nueve titulares, dos suplentes y 36 candidatos de 2.846

El mecanismo para constituir el jurado resulta particularmente relevante por la trascendencia política y mediática del procedimiento. En Madrid existe una lista -elegida cada año par- de 2.846 ciudadanos, que han sido seleccionados al azar para poder formar parte de tribunales del jurado durante 2025 y 2026. Los candidatos proceden de un sorteo realizado por la Oficina del Censo Electoral y no supone que esas personas vayan a participar necesariamente en un juicio.

Cuando se señala una causa concreta, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que se realiza un nuevo sorteo y se seleccionan 36 candidatos. Esos ciudadanos reciben un cuestionario destinado, entre otras cuestiones, a comprobar posibles incompatibilidades, prohibiciones, incapacidades o causas de excusa.

El día señalado para el juicio deben concurrir al menos veinte de ellos. Tras las comprobaciones correspondientes, se realiza el sorteo definitivo. De ese grupo saldrán nueve jurados titulares y dos suplentes. La acusación y la defensa disponen, además, de una herramienta decisiva: pueden recusar sin necesidad de alegar una causa concreta hasta cuatro candidatos cada una. Es decir, la composición final del jurado no será únicamente consecuencia del azar. El procedimiento incorpora una fase en la que las partes pueden apartar candidatos dentro de los límites establecidos por la ley.

El resultado final designará a los nueve ciudadanos llamados a deliberar sobre los hechos y a emitir el veredicto. Es decir, ellos decidirán si Begoña Gómez es culpable de los delitos de malversación y tráfico de influencias. No obstante, el tribunal estará presidido por un magistrado profesional, que dirige el juicio, establece las cuestiones que debe responder el jurado y redacta posteriormente la sentencia.

PNV y Junts no quieren que el juicio les salpique más

El juicio puede celebrarse en un periodo de cinco a diez meses, según las estimaciones manejadas tras la apertura de la fase oral. El nuevo magistrado -Peinado, además de jubilarse, ya se aparta del proceso- que asuma el procedimiento tendrá que resolver cuestiones previas, decidir sobre las pruebas y los testigos propuestos y fijar, finalmente, la fecha de la vista. Entre los testigos solicitados por la acusación popular figura el ministro Félix Bolaños, pero sobre todo, Pedro Sánchez. Aunque su eventual comparecencia dependerá de las decisiones judiciales sobre la prueba. 

Esto introduce una variable política muy a tener en cuenta. Si el juicio coincide con el periodo electoral, la oposición -PP y Vox- podrá utilizarlo como elemento central de su estrategia de campaña. 

Si, en cambio, el juicio se celebra después de unas elecciones, el impacto será diferente. Y en el ala oeste del Palacio de la Moncloa lo sabe. Como lo saben también los más de mil asesores presidenciales, e incluso el mismo Pedro Sánchez.

El líder socialista lleva meses utilizando la causa contra su esposa. El secretario general de este PSOE ha decidido victimizar a Begoña Gómez. Según su argumentario todo se debe a una persecución política por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno. De ahí que trate de sacar rédito político, convirtiendo el juicio a su esposa en un elemento movilizador de los suyos. Aunque las elecciones no se ganan solo con los afiliados.

Sin embargo, los socios de este Gobierno de coalición PSOE-Sumar también miran por sus intereses. En el entorno del Partido Nacionalista Vasco y también en el de Junts se coinciden. 

Desde la dirección de ambas formaciones políticas se niegan a que este proceso judicial sin precedentes -primera mujer de un presidente juzgada por corrupción- les acabe salpicando. Todavía más, si cabe. Ya están suficientemente retratados por mantener en el Palacio de la Moncloa a un inquilino que sería capaz de hacer todo lo posible con tal de no organizar la mudanza.

¿Cuándo acabarán celebrándose las elecciones generales? Solo Sánchez lo sabe. Y solamente él lo decidirá.