El cónsul de España en Rosario destapa la avalancha de la Ley de Nietos: 1.500 expedientes al día y un 100% favorable
Pablo Platas, que continúa al frente del Consulado español en Rosario, reconoció que la oficina pasó de tramitar 1.100 expedientes al año a recibir unos 1.500 diarios y llegó a acumular más de 100.000 solicitudes de nacionalidad.
Pablo Platas Casteleiro, Cónsul General
Las declaraciones del actual cónsul general de España en Rosario, Pablo Platas Casteleiro, vuelven a situarse en el foco en plena polémica por la aplicación de la denominada Ley de Nietos y por sus efectos sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA. El diplomático, que continúa actualmente al frente del Consulado español en esta ciudad argentina, llegó a relatar públicamente el enorme volumen de expedientes de nacionalidad que pasó por sus dependencias durante la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Las cifras ofrecidas por el propio Platas permiten hacerse una idea de la dimensión que alcanzó el procedimiento. El cónsul explicó que el Consulado de España en Rosario había pasado de tramitar aproximadamente 1.100 expedientes de nacionalidad en todo un año a recibir alrededor de 1.500 expedientes cada día durante la recta final del plazo. Una cantidad que, según detalló, obligaba a atender diariamente a entre 1.700 y 1.800 personas.
El cambio fue, por tanto, radical. La cantidad de expedientes que antes llegaba a gestionarse durante doce meses podía superarse ahora en una sola jornada. “Estamos tomando unos 1.500 expedientes diarios”, explicó Platas al describir el ritmo alcanzado por la oficina consular.
El volumen acumulado terminó superando ampliamente las 100.000 solicitudes. El propio cónsul habló inicialmente de más de 103.000 inscritos y posteriormente situó en aproximadamente 105.000 los expedientes recibidos durante los años de aplicación de la norma. Todo ello en una demarcación consular que, hasta poco antes, manejaba cifras anuales muy inferiores.
Pero una de las afirmaciones más llamativas del diplomático llegó cuando habló del resultado de los procedimientos que habían sido resueltos hasta ese momento. Platas aseguró públicamente que “el 100% de los trámites son favorables”, aunque también precisó que en los últimos días se habían presentado expedientes incompletos y que quienes no aportasen posteriormente la documentación necesaria no podrían culminar la obtención de la nacionalidad.
El cónsul también describió hasta dónde llegaban algunos de los antecedentes familiares aportados por los solicitantes. Según relató, el Consulado había manejado documentación de descendientes de españoles cuyos árboles genealógicos se remontaban incluso a 1820 y 1830, muchas décadas antes de la Guerra Civil española.
Las palabras de Platas han adquirido ahora especial interés por el debate abierto sobre el requisito del exilio y sobre el alcance que terminó teniendo la Ley de Memoria Democrática. La disposición adicional octava de la norma contempla una vía para descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o relacionados con su orientación e identidad sexual.
La ley, sin embargo, no estableció ese mismo requisito para todos los supuestos. También permitió optar a la nacionalidad a hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con ciudadanos extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, además de a determinados hijos mayores de edad de personas que habían adquirido anteriormente la nacionalidad española.
Por ese motivo, la existencia de expedientes sustentados en antepasados españoles de 1820 o 1830 no permite concluir por sí sola que esas nacionalidades fueran concedidas al margen de la ley ni que todos los solicitantes tuvieran que demostrar individualmente una situación de exilio. Para determinarlo sería necesario conocer qué supuesto concreto de la disposición adicional octava se aplicó en cada expediente.
El Supremo pone el foco en el CERA
La dimensión de aquellas cifras ha cobrado todavía más relevancia después de que el Tribunal Supremo haya adoptado medidas cautelares relacionadas con las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de estas nacionalizaciones.
El Alto Tribunal ha puesto bajo revisión determinados efectos electorales vinculados a la denominada Ley de Nietos y ha reclamado información sobre la forma en la que se realizaron las inscripciones. La controversia se centra especialmente en la relación entre las nacionalidades concedidas, la acreditación de los requisitos exigidos por la ley y su posterior incorporación al censo electoral de españoles residentes en el extranjero.
La actuación del Supremo no supone, sin embargo, la anulación general de las nacionalidades concedidas. El procedimiento judicial afecta a sus consecuencias electorales y al modo en el que determinadas altas fueron incorporadas al CERA, una cuestión sobre la que el Gobierno ha mostrado su oposición y ha defendido la legalidad de las actuaciones realizadas.
En ese contexto reaparecen ahora las declaraciones de Pablo Platas sobre el crecimiento extraordinario de la actividad consular en Rosario. El diplomático ocupa el Consulado General desde 2023 y sigue actualmente en el cargo. Cuando llegó a Argentina, la Ley de Memoria Democrática llevaba ya varios meses en vigor y se habían tramitado unos pocos miles de expedientes. Al finalizar el proceso, la cifra se situaba alrededor de los 105.000.
El propio Platas resumió así una transformación difícil de pasar por alto: una oficina que antes gestionaba aproximadamente 1.100 expedientes de nacionalidad durante todo un año terminó recibiendo unos 1.500 cada día, acumuló más de 100.000 solicitudes y llegó a asegurar que, entre los casos resueltos hasta aquel momento, el porcentaje de trámites favorables alcanzaba el 100%.