Nuevo lío con el contrato electoral de Marlaska: 46 millones y una anulación exprés
Interior tendrá que volver a publicar la licitación para la difusión provisional de los resultados electorales, el expediente acumula ya dos anulaciones durante su tramitación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que anular el anuncio de licitación de su nuevo contrato para gestionar la difusión provisional de los resultados electorales apenas diez minutos después de publicarlo.
La incidencia afecta a un acuerdo marco valorado en 46.064.980,50 euros cuya tramitación corresponde a la Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior. El contrato está destinado a cubrir los servicios necesarios para la difusión de la información provisional de los resultados de los procesos electorales y consultas populares, además de otros servicios complementarios.
La cifra de los 46 millones no procede de una estimación periodística. El propio Consejo de Ministros autorizó el pasado 15 de septiembre la celebración del acuerdo marco por un valor estimado exactamente de 46.064.980,50 euros, según consta en la referencia oficial publicada por La Moncloa.
Según la información del expediente de contratación publicada este miércoles el anuncio de licitación apareció en la Plataforma de Contratación del Sector Público a las 9.45 horas. A las 9.55 horas, sólo diez minutos después, figuraba ya como anulado.
La razón de la retirada también aparece recogida en la documentación del procedimiento. Interior explica que se produjo un error relacionado con el envío de la licitación al Boletín Oficial del Estado y que, como consecuencia, era necesario anular el anuncio para volver a publicarlo correctamente.
Por tanto, la anulación no supone que Interior haya desistido del contrato de 46 millones ni que el procedimiento haya quedado cancelado definitivamente. Lo retirado es el anuncio de licitación, que deberá publicarse de nuevo una vez corregida la incidencia.
El problema afectó específicamente a su tramitación hacia el BOE. Mientras el anuncio era retirado de la Plataforma de Contratación, el Diario Oficial de la Unión Europea sí llegó a publicar la licitación, según la documentación recopilada sobre el expediente.
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Dos anulaciones durante la tramitación
No es, además, la primera vez que este mismo expediente tiene que ser corregido. El procedimiento había sufrido ya otra anulación a comienzos de septiembre. El anuncio previo correspondiente al contrato fue retirado el 2 de septiembre alegando un “error aritmético”, según consta en la documentación de contratación consultada y en la información publicada posteriormente sobre el expediente.
En aquel momento, Interior señaló que lo anulado era el anuncio previo y precisó que la licitación todavía no había llegado a publicarse como tal. El expediente había comenzado a tramitarse en julio y contemplaba igualmente la creación de un nuevo acuerdo marco para el seguimiento y difusión de los resultados electorales.
La diferencia que motivó aquella corrección era de 100 euros en el cálculo del valor estimado. Tras la revisión, el Consejo de Ministros terminó autorizando el 15 de septiembre el nuevo importe de 46.064.980,50 euros.
Ocho días después de aquella autorización, Interior volvió a sacar adelante la publicación del procedimiento y se produjo la segunda incidencia: el anuncio permaneció publicado durante diez minutos antes de quedar nuevamente anulado.
El nuevo acuerdo marco tendrá una duración prevista de cuatro años y contempla la contratación de los servicios tecnológicos y operativos necesarios para gestionar y difundir provisionalmente los resultados de las elecciones y consultas populares convocadas durante ese periodo.
La documentación de la licitación prevé además la participación de varios operadores. Interior contempla un mínimo de tres empresas y un máximo de cinco dentro del acuerdo marco, frente al modelo actualmente vigente.
El contrato actual para este tipo de servicios está adjudicado a Indra y finaliza el 23 de marzo de 2027. La compañía ha desarrollado tradicionalmente buena parte de los sistemas tecnológicos utilizados para la difusión de los escrutinios electorales en España, aunque ha habido convocatorias adjudicadas a otras uniones temporales de empresas.
La nueva contratación establece también condiciones de solvencia para las compañías que quieran participar. Entre ellas figura la acreditación de trabajos similares realizados durante los tres últimos años por un importe mínimo anual acumulado de 8,1 millones de euros, además de una cifra anual de negocio de al menos 17,25 millones en el ejercicio de mayor volumen de los tres últimos disponibles.
Según la planificación recogida en el expediente anulado, la fecha prevista para la recepción de ofertas estaba fijada para el 30 de octubre. Interior deberá ahora volver a publicar correctamente el anuncio de licitación tras subsanar el error detectado en su envío al BOE.