Cuatro vocales de la Junta Electoral ponen bajo sospecha el control del censo de los nuevos españoles
Dos magistrados y dos catedráticos denuncian que nadie ha comprobado suficientemente el municipio elegido por nuevos electores residentes en el extranjero y exigen revisar las inscripciones para garantizar la limpieza electoral
Javier Tajadura Tejada, miembro de la Junta Electoral Central (JEC)
La polémica por los nuevos españoles incorporados al censo exterior suma un nuevo capítulo. Cuatro de los trece miembros de la Junta Electoral Central consideran insuficientes las medidas aprobadas para reforzar los controles y reclaman revisar las inscripciones realizadas durante los últimos años en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Los discrepantes son los magistrados Vicente Magro Servet y Fernando Marín Castán y los catedráticos Javier Tajadura Tejada y Carlos Vidal Prado. Su voto particular cuestiona directamente cómo se ha determinado hasta ahora el municipio español al que quedan adscritos algunos nuevos electores residentes en el extranjero y, por tanto, la circunscripción en la que pueden votar.
El asunto adquiere mayor dimensión por el extraordinario crecimiento experimentado por el CERA y por la controversia judicial alrededor de la denominada "ley de nietos". Los datos aportados al Supremo cifraron en 408.262 el aumento de censados en el extranjero entre las generales de 2023 y julio de 2026. El Gobierno contabilizaba además 333.696 nacionalizados por esta vía ya inscritos y otros 238.065 que habían solicitado hacerlo.
"Nadie comprueba" la elección del municipio
El reproche más contundente de los cuatro vocales afecta precisamente al control realizado. Según sostienen, del informe de la Oficina del Censo Electoral se desprende que las comprobaciones sobre la documentación remitida desde los consulados han sido "meramente formales y burocráticas", sin verificar suficientemente la justificación aportada para elegir un determinado municipio.
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El municipio asignado determina dónde computará electoralmente ese ciudadano y puede provocar situaciones llamativas. Los discrepantes citan altas en lugares como Tres Cantos, municipio creado en 1991 y que, por tanto, ni siquiera existía durante la Guerra Civil y buena parte de la dictadura que originaron el exilio invocado por la legislación.
La mayoría de la JEC ha optado por endurecer los requisitos hacia adelante. Los cuatro discrepantes quieren ir bastante más lejos: reclaman que la Oficina del Censo revise de oficio las altas realizadas desde el censo utilizado en las elecciones generales de julio de 2023 y conceda tres meses a los afectados para justificar correctamente su adscripción municipal.
Una advertencia sobre la "limpieza" electoral
Los cuatro miembros sostienen que no basta con modificar el procedimiento futuro, sino que es necesario "revisar lo ya hecho hasta ahora" para proporcionar a los ciudadanos "certidumbre y confianza sobre la limpieza, transparencia y garantías de nuestro régimen electoral".
El debate tampoco permanece únicamente dentro de la Junta Electoral. El Tribunal Supremo ya ha obligado a abordar las deficiencias detectadas en el sistema y reclamó medidas dirigidas a preservar la "transparencia, la objetividad y la igualdad en el proceso electoral".