El decreto de vivienda encalla entre los socios de Sánchez y Junts da la puntilla: se desmarca porque "da por buenas las ocupaciones"

El Gobierno llega a las horas decisivas para aprobar su nuevo decreto de vivienda y las sensaciones no son buenas. Pedro Sánchez sigue sin tener todavía amarrados los apoyos que necesitará después en el Congreso y no solo eso, sino que no contenta a nadie. Las negociaciones se han complicado este lunes y las posiciones de dos actores fundamentales apuntan en la misma dirección: Junts considera que el último borrador se ha alejado de lo que estaba dispuesto a pactar y Sumar sostiene que el acuerdo "todavía no está cerca".

El Ejecutivo trabaja con la intención de llevar este martes al Consejo de Ministros el real decreto ley impulsado después del desahucio de Maricarmen. Las conversaciones, sin embargo, se han prolongado durante toda la tarde y podrían continuar hasta última hora aunque como decimos el horizonte no es el más alagüeño.

La dificultad está en conciliar posiciones muy distintas. El Gobierno puede aprobar el real decreto ley en Consejo de Ministros sin haber garantizado previamente una mayoría parlamentaria, pero después tendrá que someterlo al Congreso. De ahí que las negociaciones de estas horas no solo condicionen el contenido de la norma, sino también sus posibilidades de mantenerse en vigor.

Junts asegura que el Gobierno ha cambiado lo negociado por "la presión de sus socios"

El último borrador del Ministerio de Vivienda ha provocado que Junts aleje su posición del acuerdo. Fuentes de la formación catalana han explicado que el Gobierno había hecho pública previamente una propuesta de posible consenso con la que estaban "mayoritariamente de acuerdo", pero sostienen que el decreto ha cambiado sustancialmente durante la tarde "a causa de la presión de sus socios".

Según Junts, las nuevas incorporaciones han convertido la iniciativa en una suerte de decreto ley ómnibus, incluyendo medidas que no estaban en el trabajo previo y que afectan a cuestiones que ya dificultaron la convalidación de anteriores decretos.

La formación critica especialmente que el texto, según su interpretación, vuelva a dejar desprotegidos a pequeños propietarios, a los que considera que coloca al mismo nivel que los grandes fondos. "Da por buenas las ocupaciones", señalan esas mismas fuentes. También rechaza que se pretenda acometer mediante real decreto ley una modificación de hasta 34 artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos cuando una reforma de esta legislación ya está siendo tramitada en el Congreso con participación de los distintos grupos.

Eso no significa que Junts haya abandonado definitivamente la mesa. El partido mantiene su disposición a negociar hasta el final para intentar alcanzar un texto que, a su juicio, responda a los problemas de vivienda. Este mismo lunes, Josep Rull había confirmado las conversaciones con Moncloa y reclamado salir de la "trinchera ideológica" para intentar encontrar un denominador común.

Sumar tampoco da su visto bueno: "El acuerdo todavía no está cerca"

El problema para el PSOE no termina con Junts. Su propio socio dentro del Gobierno tampoco considera cerrado el decreto y mantiene abiertas varias exigencias a pesar de que los independentistas apuntan a esa presión de los "aliados" más directos de Sánchez los últimos cambios. Fuentes de Sumar han explicado que las negociaciones de este lunes han permitido pactar la incorporación de la congelación del precio y una prórroga de dos años de los alquileres para los contratos que finalicen antes de 2029. Sin embargo, consideran insuficiente lo conseguido hasta ahora.

"El acuerdo todavía no está cerca", han advertido desde Sumar, que sitúa entre los asuntos pendientes la regulación del alquiler de habitaciones y, especialmente, la renovación automática de los contratos, que califica como uno de los "elementos imprescindibles en disputa". Esta última medida también había sido reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, pero ha quedado fuera del último borrador del Ministerio de Vivienda, al igual que la reforma de la ley del suelo.

La presión de Sumar sobre el PSOE viene de días atrás. La formación llegó a amenazar con no acudir al Consejo de Ministros si no se incorporaban medidas que considerase suficientes y Yolanda Díaz ha defendido públicamente que el decreto debe incluir, entre otras cuestiones, prórrogas de alquileres, protección frente a desahucios y regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

"El texto que salga del Consejo de Ministros debe recoger las demandas expuestas por el Sindicato de Inquilinas y las diferentes manifestaciones que se han dado por todo el país", sostienen desde Sumar.

El PP ofrece su propio plan: "Que le quiten el logo, lo presenten y lo apoyamos"

Mientras los socios del Ejecutivo negocian el contenido del decreto, el PP ha optado por reivindicar su propia propuesta en materia de vivienda y emplazar a Sánchez a asumirla. "Hay un plan del PP, que le quiten el logo, lo presenten y lo apoyamos", han señalado fuentes populares después de que Alberto Núñez Feijóo haya desgranado este lunes algunas de las medidas con las que su partido plantea abordar lo que denomina una situación de "emergencia habitacional".

El plan incluye una rebaja de distintos impuestos, medidas de apoyo a personas vulnerables, la construcción de un millón de viviendas y una nueva ley del suelo. Desde Génova recalcan además que cuando hablan de vulnerabilidad no se refieren únicamente a los inquilinos, sino también a propietarios que puedan encontrarse en situaciones difíciles.

El PP evita fijar una posición definitiva sobre un decreto cuyo contenido aún se está negociando. Su mensaje al Gobierno es que resuelva primero sus diferencias internas y con sus aliados parlamentarios. "Que busque Sánchez cómo convencer a su gente", señalan fuentes populares, que inciden precisamente en la dificultad de conseguir el respaldo simultáneo de formaciones con posiciones muy diferentes sobre vivienda.

Los populares también han aprovechado las discrepancias entre PSOE y Sumar para recordar las palabras de Yolanda Díaz animando a continuar las movilizaciones para presionar al Ejecutivo. "Tuve que ver el vídeo dos veces, pensé que era IA", ironizan desde el PP.

Aprobarlo este martes no termina el problema: después llega el Congreso

El Gobierno todavía puede aprobar este martes el real decreto ley en el Consejo de Ministros aunque no tenga cerrados los apoyos parlamentarios. La Constitución permite al Ejecutivo sacar adelante este tipo de normas por razones de "extraordinaria y urgente necesidad" y, una vez publicadas en el BOE, entran en vigor inmediatamente sin necesitar el visto bueno previo del Congreso.

El verdadero problema llegaría después. El Congreso debe convalidar o derogar el decreto en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación, por lo que Sánchez tendría varias semanas para intentar recomponer los apoyos que ahora no tiene garantizados. Si las negociaciones siguen enquistadas y no consigue reunir los votos suficientes, el decreto acabaría derogado, convirtiendo su aprobación inicial en el Consejo de Ministros en otro revés parlamentario para el Ejecutivo.

El Ejecutivo afronta así dos negociaciones prácticamente encadenadas: primero, decidir qué texto lleva este martes al Consejo de Ministros; después, conseguir que ese mismo texto sobreviva a su paso por el Congreso. Y las posiciones expresadas este lunes por Junts y Sumar muestran que, a pocas horas de la reunión del Gobierno, esa mayoría todavía no está cerrada.