El Senado da el último paso para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
El Senado aprueba definitivamente la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria que reconoce esta condición a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, una reivindicación histórica de ACAIP.

Manifestación de funcionarios de prisiones.
El Senado ha dado este miércoles el último paso para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y reconocer formalmente a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias la condición de agentes de la autoridad. La aprobación pone fin a una reivindicación que el sindicato ACAIP ha defendido durante años ante los grupos parlamentarios y el Gobierno.
Con motivo de la votación, alrededor de un centenar de delegados sindicales de ACAIP procedentes de centros penitenciarios de distintos puntos de España se concentraron a las puertas de la Cámara Alta para celebrar la culminación del proceso parlamentario.
La reforma supone, según explica el sindicato, un cambio relevante en el marco jurídico con el que los trabajadores penitenciarios desempeñan sus funciones. Entre sus efectos se encuentra la equiparación legal con otros empleados públicos que desarrollan labores de seguridad y custodia, ofreciendo respaldo a sus intervenciones reglamentarias ante situaciones de conflicto.
Además, la nueva regulación contempla la presunción probatoria de los informes y testimonios de estos profesionales en expedientes sancionadores e intervenciones. La reforma también establece que la Administración deberá responder de las indemnizaciones por lesiones o daños derivados de agresiones sufridas durante el servicio cuando los internos responsables sean declarados insolventes.
Desde ACAIP califican la aprobación de la modificación legislativa como un "punto de inflexión" para el colectivo penitenciario y sostienen que permitirá reforzar la seguridad en los centros y el principio de autoridad necesario para garantizar la convivencia.
El sindicato ha anunciado que permanecerá pendiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que la reforma pueda culminar su tramitación y entrar en vigor conforme a los plazos establecidos.