Junts confirma que votará no a los decretos de Sánchez mientras el Sindicato de Inquilinas llama a rodear el Congreso

La Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya ha cerrado la noche del jueves con un no a los dos reales decretos ley de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez somete este viernes a convalidación en el Congreso. El partido de Carles Puigdemont encarga a su grupo parlamentario que reclame la retirada del Real Decreto Ley 26/2026 y que inste al Ejecutivo a redactar de inmediato un texto nuevo. Solo en ese caso, y tras un Consejo de Ministros que lo apruebe, Junts daría su voto favorable.

La decisión llega cuando Moncloa ya había partido el paquete en dos para intentar salvar al menos una parte. El primer decreto concentra la suspensión temporal de determinados desahucios de personas vulnerables, límites a la compra por fondos, regulación de alquileres de temporada y medidas fiscales. El segundo aborda la estabilidad y la renovación de los contratos. PP y Vox votarán en contra de ambos. El PNV ha anunciado un sí crítico al primero y un no al segundo. 

Con los siete diputados de Junts en el no, la operación queda abocada al naufragio.

En el comunicado, la dirección de Junts sostiene que muchas de las medidas provocarán el efecto contrario del que pretenden: reducirán la oferta de alquiler, subirán los precios y dificultarán aún más el acceso de quienes tienen menos capacidad económica. “Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas”, advierte. Añade que, con la redacción actual, los fondos buitre podrán seguir comprando y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables; que no se garantiza el pago de la Administración a esos inquilinos; y que determinadas medidas suponen “la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias”. Los pisos que salgan del alquiler para ponerse a la venta, concluye, difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora.

Junts, árbitro otra vez de una votación crucial para Sánchez, ha optado por el no y ha dejado por escrito el precio de un eventual sí futuro: retirar lo aprobado y empezar de cero

La portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, había llegado a la reunión telemática de las 21.00 horas después de declarar a la formación “decepcionada y preocupada” porque los textos no cumplen, a su juicio, los dos objetivos que Junts había marcado: proteger a las familias y frenar a los fondos. Sánchez había pedido por la tarde “altura de miras” y había planteado el dilema en estos términos: decidir a quién se protege, si a quienes viven en las casas o a quienes hacen fortuna con ellas. La respuesta de Junts ha sido el rechazo y la exigencia de un texto distinto.

Preocupación por la reacción en la acampada de Sol

Mientras el hemiciclo se prepara para la votación, el Sindicato de Inquilinas traslada la presión de la Puerta del Sol a las inmediaciones del Congreso. Su portavoz en Madrid, Alicia del Río, anunció durante la cacerolada del jueves frente al Ayuntamiento que los manifestantes saldrán a las 10.00 horas desde Sol —donde permanece la acampada desde el sábado— y se dirigirán a la Cámara Baja para seguir “pendientes de la votación”, prevista a partir de las 11.00. “Estaremos en el Congreso mientras se está votando esta medida de mínimos para que no haya ninguna Maricarmen más”, dijo. Advirtió de que “la chispa que se ha prendido” continuará “pase lo que pase” y dejó el futuro de la acampada sujeto a lo que ocurra en el pleno. El colectivo ha convocado además manifestaciones para el sábado y habla ya de una huelga general.

Interior había anticipado el escenario y ha dispuesto un dispositivo en el perímetro exterior y en las calles aledañas, con unos 600 antidisturbios. La imagen recuerda, con otros objetivos y otro contexto, al “Rodea el Congreso” del 25 de septiembre de 2012, cuando la protesta contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy acabó con cargas, 35 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos agentes.

El sindicato, que ha condicionado el apoyo de Podemos a los dos decretos, ha dirigido también advertencias al PNV y a quienes contemplan el rechazo: votar en contra, sostiene Del Río, es dar “alas a la extrema derecha”. Junts, árbitro otra vez de una votación crucial para Sánchez, ha optado por el no y ha dejado por escrito el precio de un eventual sí futuro: retirar lo aprobado y empezar de cero.