Zapatero sigue empeñado en impedir al segundo tasador valorar las joyas saudíes
El abogado del expresidente anuncia que "probablemente" impugnará la decisión de Calama porque el responsable de la joyería manifestó públicamente del valor de las piezas antes de examinarlas

Zapatero quiere impedir la segunda tasación de sus joyas
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero no da por cerrada su batalla contra la segunda joyería elegida para tasar las piezas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno. Su abogado, Víctor Moreno Catena, ha anunciado este viernes que "probablemente" recurrirá la decisión del juez José Luis Calama de rechazar su recusación.
El letrado ha explicado que el instructor ha inadmitido la pretensión de apartar al responsable de la empresa encargada de realizar la valoración. La defensa cuestiona que pueda actuar con la necesaria neutralidad después de haber hablado públicamente sobre las piezas antes de realizar el trabajo encargado en el procedimiento.
Moreno Catena sostiene que el gerente de la compañía "ha manifestado una opinión públicamente en un programa de televisión" y, además, "ha adelantado una cifra en el valor de esos bienes". La defensa entiende que esas manifestaciones previas pueden afectar a su "imparcialidad objetiva" y por eso planteó su recusación.
El abogado de Zapatero ha avanzado que continuará utilizando las vías procesales disponibles. "Se han ido dando pasos y seguiremos dando pasos en defensa de quien considero, desde mi papel, desde mi posición y desde mi convicción, inocente", ha afirmado durante un acto académico celebrado en Murcia.
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Moreno Catena también ha rechazado que las objeciones planteadas por la defensa puedan despacharse como simples "defectos de forma". "No se trata de defectos de forma. Se trata de garantías", ha sostenido, antes de reivindicar que constituyen "el capítulo fundamental de todo procedimiento penal".
"No se puede conseguir la verdad a cualquier precio", ha añadido. El letrado distingue entre meros formalismos procesales y las garantías que protegen al investigado frente a posibles excesos durante una investigación penal.