La calle le falla a Sánchez y queda muy tocado: 48 horas clave para decidir si convoca elecciones... y sus oportunidades

Pedro Sánchez quería (aunque paradójicamente gran parte de la protesta es contra sus políticas) que la calle empujara al Congreso, pero el Congreso no se ha movido. La enorme presión social desatada por el problema de la vivienda, acrecentada durante los últimos días por el desahucio de Maricarmen y la acampada de la Puerta del Sol, ofrecía al presidente del Gobierno una oportunidad para intentar sacar adelante sus dos decretos y, al mismo tiempo, colocar contra las cuerdas a quienes se opusieran a ellos.

La jugada no ha funcionado. PP, Vox, Junts y UPN han tumbado el primero de los decretos, mientras que el segundo también ha quedado rechazado. Ni la movilización social, ni la concentración frente al Congreso ni las advertencias y ruegos lanzados desde el Gobierno han conseguido que Junts modificara su posición.

Y Sánchez se encuentra ahora ante una paradoja. El malestar que no le ha servido para ganar una votación puede convertirse en el argumento con el que intente afrontar unas elecciones generales. Moncloa ha abierto oficialmente un nuevo "periodo de reflexión" y no descarta ningún escenario, incluido un adelanto electoral. El presidente dedicará los próximos días a analizar la situación y conversar con miembros del Gobierno y del PSOE antes de decidir qué hacer.

De buscar contentar a Junts a señalarle

La estrategia del Gobierno antes de la votación había quedado bastante clara. Moncloa aseguraba que había que "escuchar a la calle" y señalaba expresamente que quienes debían hacerlo eran PP, Vox y Junts. El propio Sánchez endureció después el mensaje desde el Congreso: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Especialmente significativo es el cambio con Junts. El PSOE había medido durante buena parte de la legislatura sus ataques contra el partido de Carles Puigdemont pese a sus sucesivos choques parlamentarios. Esta vez Sánchez lo ha colocado directamente en el mismo bloque que PP y Vox.

La explicación está en la nueva batalla que empieza después de perder la votación. El Gobierno considera que Junts se ha desdicho de lo negociado y confía en que su posición pueda tener un coste electoral. Es decir, una vez comprobado que la presión social no ha conseguido mover los votos de los independentistas, Moncloa pretende que sean los electores quienes juzguen su decisión.

Ahí aparece la oportunidad que algunos dirigentes socialistas creen ver en una derrota que, sobre el papel, supone otro serio revés para una legislatura marcada por una mayoría cada vez más difícil de recomponer. Antes incluso de conocerse definitivamente el resultado, miembros del Gobierno y del PSOE defendían off the record que la caída de los decretos podía justificar un adelanto y apostaban por medir la reacción de las personas movilizadas antes de tomar una decisión.

La derrota convertida en relato

La vivienda ofrece además a Sánchez un terreno sobre el que intentar cambiar el marco político. El Gobierno insiste en presentarla como uno de los principales problemas de los españoles y considera que el caso de Maricarmen ha supuesto un punto de inflexión.

Ahora la estrategia puede cambiar: ya no se trataría de conseguir que Junts apoye al Gobierno, sino de intentar convertir su "no" en munición electoral. También claro contra la oposición PP-Vox y esa etiqueta de "extrema derecha". Sánchez seguramente trate de presentarse ante los ciudadanos con las medidas rechazadas incorporadas al programa socialista y responsabilizar a PP, Vox y Junts de haber impedido que entraran definitivamente en vigor.

Un fin de semana para mirar la calle... y echar cuentas

Por eso las próximas 48 horas adquieren una importancia especial. Sánchez tiene además poco margen si quiere aprovechar la primera ventana electoral. La primera fecha posible para celebrar unas elecciones generales anticipadas es el domingo 29 de noviembre. Para llegar a ella tendría que anunciar la convocatoria el lunes 5 de octubre y el decreto de disolución de las Cortes se publicaría al día siguiente. La legislación electoral establece que las elecciones se celebren 54 días después de la convocatoria.

De ahí que este nuevo "periodo de reflexión" sea necesariamente mucho más corto que aquel de cinco días que protagonizó en abril de 2024 tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa. Esta vez, si quiere aprovechar la primera fecha disponible, tiene un fin de semana. Desde el PP, concretamente su portavoz en el Congres, Ester Muñoz, advierten de lo que pasó la última vez que el líder del Ejecutivo y el PSOE paró para reflexionar: el nacimiento de la trama Leire Díez.

La alternativa, de puertas para afuera, es continuar. En Moncloa sostienen que el rechazo de Junts no constituye necesariamente una enmienda a la totalidad de la legislatura y defienden que todavía existe margen para gobernar y legislar. El Ejecutivo podría intentar recuperar en los próximos meses algunas de las medidas que este viernes han desaparecido después de que el Congreso rechazara los decretos.

Feijóo le desafía: que ponga fecha

Alberto Núñez Feijóo interpreta los movimientos del presidente de manera diferente. El líder del PP ha acusado a Sánchez de utilizar el problema de la vivienda para realizar "maniobras electorales" y le ha desafiado a convocar cuanto antes. "Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha", ha dicho Feijóo, que ha asegurado que el PP está preparado ante la posibilidad de que Sánchez pretenda sorprender a la oposición con una convocatoria inmediata.

El popular sostiene que el Gobierno ha convertido la vivienda en "propaganda y banderín electoral" y considera que Sánchez estaba buscando un relato con el que justificar un eventual adelanto. Su desafío es sencillo: si ese era realmente el objetivo, "que ponga fecha". Veremos qué pasa tras "la reflexión".