Feijóo hace de la vivienda uno de sus ases para el 29N mientras Sánchez busca rescatar sus decretos tumbados "a su manera"

La campaña electoral apenas ha necesitado unas horas para dejar claro cual va a ser el principal campo de batalla político: la vivienda. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el mismo día en el que Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre para señalar precisamente uno de los problemas que más golpean a las familias y, especialmente, a los jóvenes. Y lo ha hecho contraponiendo al balance del Ejecutivo una batería concreta de medidas con una cifra central: construir 250.000 viviendas al año.

"La vivienda ha sido el gran fracaso de este Gobierno y la vivienda tiene que ser el éxito del Gobierno siguiente", ha sentenciado el líder del PP durante la inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Una declaración que cobra todavía más peso después de que Sánchez haya decidido disolver las Cortes tras el varapalo sufrido el viernes precisamente con sus dos decretos de vivienda.

Feijóo ha defendido que España necesita elevar la construcción hasta las 250.000 viviendas anuales, movilizar suelo público, acelerar los planes urbanísticos y reducir los tiempos para conceder licencias. A ello ha sumado una mayor seguridad jurídica para los propietarios y ventajas fiscales dirigidas especialmente a facilitar que los jóvenes puedan comprar una casa.

El dirigente popular ha vinculado además este plan con la creación de empleo. Según ha explicado, alcanzar ese ritmo de construcción permitiría generar entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo y "activar la economía de verdad" mediante inversión y creación de riqueza. Una receta que ha contrapuesto al modelo económico del Ejecutivo de Sánchez: "No con gasto público, de forma insana, no mediante anabolizantes, no mediante deuda pública".

Suelo público, menos impuestos y avales para jóvenes

El plan que ha dibujado Feijóo pasa en primer lugar por localizar y movilizar todo el suelo disponible. Su propuesta es que las viviendas levantadas sobre suelo público puedan salir al mercado con un precio un 30% inferior. También ha planteado modificar la Ley del Suelo y la legislación contra la ocupación, además de recortar los interminables tiempos administrativos que pueden retrasar durante años la puesta en marcha de nuevas promociones.

En este punto, Feijóo ha propuesto reducir los planeamientos urbanísticos a cuatro años y establecer el silencio administrativo para las licencias: si un ayuntamiento no responde a una petición en un plazo de 90 días, esta quedaría concedida.

El otro gran bloque está dirigido a los jóvenes, uno de los colectivos que más dificultades encuentra para acceder a una vivienda. Feijóo ha planteado bajar el impuesto de transmisiones y situar el IVA en el 4%, junto a una rebaja fiscal del 60% para los jóvenes y avales que puedan alcanzar hasta el 100% del precio de compra.

El mensaje es especialmente significativo a las puertas de unas elecciones en las que la vivienda apunta a ocupar buena parte del debate. Sánchez ha tratado de convertirla en uno de sus argumentos políticos en la recta final de la legislatura, pero llega al 29N después de que el Congreso rechazara el viernes sus dos últimos decretos sobre esta materia. Decretos que intentará resucitar con sus tácticas habituales.

Sánchez intenta resucitar los decretos que perdió el viernes

Y ahí aparece una de las imágenes más llamativas de este arranque electoral. Mientras Feijóo presenta su alternativa para aumentar la oferta y facilitar el acceso a la propiedad, el Gobierno prepara para este martes una nueva aprobación (a su manera) de los dos reales decretos leyes que fueron rechazados apenas cuatro días antes por el Congreso.

El Ejecutivo introducirá, según fuentes gubernamentales, "cambios no sustanciales" para que formalmente los textos sean diferentes de aquellos que fueron tumbados. La intención posterior es llevarlos ante la Diputación Permanente, que asume determinadas funciones parlamentarias una vez disueltas las Cortes y en las que, por la forma en la que está compuesta, sí hay mayoría progresista. Es decir, si se mantienen los votos del viernes, sí que saldría adelante.

Félix Bolaños ha defendido este lunes que esa vía es plenamente legal y ha calificado de "bastante absurdas" las críticas de PP y Vox. Ernest Urtasun también ha confirmado que los decretos volverán este martes al Consejo de Ministros y ha asegurado que las modificaciones no supondrán rebajar "ninguna de las medidas de protección".

La aritmética, sin embargo, es distinta a la que Sánchez se encontró el viernes. La Diputación Permanente está integrada por 68 diputados más la presidenta del Congreso, Francina Armengol: 27 corresponden al PP, 24 al PSOE —25 contando a Armengol—, seis a Vox, seis a Sumar y uno respectivamente a ERC, PNV, Junts, Bildu y el Grupo Mixto, representado por Podemos.

Si los partidos mantienen sus posiciones, el decreto que concentraba el grueso de las medidas podría salir adelante por un solo voto. Distinta es la situación del segundo, que incluye la renovación automática de los alquileres y que volvería a encontrarse con el rechazo del PNV.

El movimiento permite al Gobierno intentar recuperar con las Cortes ya disueltas unas medidas que no consiguieron superar al Congreso en plenitud. Una fotografía difícil de separar del adelanto electoral: los decretos cayeron el viernes con los votos de PP, Vox y Junts y, apenas tres días después, Sánchez ha convocado a los españoles a las urnas.

Y la carrera hacia ellas ya ha comenzado. Y Feijóo ha elegido uno de los puntos más débiles del balance de Sánchez y uno de los temas más importantes ahora para los españoles para marcar desde el primer día la diferencia entre ambos proyectos. Su compromiso ha quedado resumido en una frase: "Estoy absolutamente convencido de que, si tenemos esa posibilidad, lo vamos a hacer muy bien".