El exdelegado de Ceuta al límite: Tardón abre diligencias por prevaricación omisiva y desordenes públicos

La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio abre ahora un nuevo frente que afecta directamente al exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

La jueza María Tardón ha acordado incoar diligencias a raíz de la querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra Pérez Triano por presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión. Como primer paso, la magistrada ha solicitado informe a la Fiscalía antes de decidir qué recorrido debe tener esta nueva pieza.

La querella fue presentada el pasado 17 de septiembre y cuestiona la actuación del entonces delegado del Gobierno durante las horas críticas de la entrada masiva en Ceuta. La organización sostiene que deben esclarecerse tanto las decisiones adoptadas como el tratamiento que se dio a las advertencias previas que habían llegado antes de que la situación se desbordara.

El movimiento judicial llega después de varias declaraciones que han puesto el foco precisamente en qué información manejaban las autoridades antes del 30 de julio. Uno de los testimonios más relevantes ha sido el de Gonzalo Sanz, antiguo jefe de gabinete de Pérez Triano, que declaró ante Tardón que había trasladado al entonces delegado una advertencia procedente del CNI sobre movimientos detectados en redes sociales relacionados con una posible entrada masiva.

Sanz aseguró además que existen 19 mensajes y una llamada vinculados a esas comunicaciones con los servicios de inteligencia que permanecen sin desclasificar. También aportó documentación y un volcado de su teléfono para respaldar su versión. Pérez Triano, por su parte, había negado públicamente haber recibido aquel aviso en esos términos.

Esa contradicción se ha convertido en uno de los puntos que la Audiencia Nacional trata de reconstruir. Según el relato ofrecido por Sanz, ya desde el 24 de julio existían señales que hacían temer un incremento extraordinario de la presión sobre la frontera y desde la Delegación se habían solicitado refuerzos y nuevas medidas al Gobierno central.

La causa también ha incorporado la declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El dirigente ceutí aseguró ante la jueza que intentó contactar reiteradamente con el Gobierno y que reclamó medidas excepcionales ante el deterioro de la situación, entre ellas refuerzos policiales y una respuesta coordinada desde el Ejecutivo. Moncloa ha ofrecido una versión distinta sobre el número de comunicaciones recibidas.

Abogados Cristianos también ha pedido que Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaren como testigos. La finalidad, según la organización, sería determinar qué conocimiento tenía el Ejecutivo de las advertencias previas y qué decisiones se tomaron antes y durante la crisis. Esa solicitud, sin embargo, deberá ser valorada por la magistrada dentro de la instrucción.

La Audiencia Nacional empieza a examinar formalmente la querella y deberá determinar, con el criterio previo de la Fiscalía y las diligencias que eventualmente acuerde, si existen elementos suficientes para que el procedimiento siga adelante.

La investigación sobre Ceuta amplía así su radio. A las pesquisas sobre lo ocurrido en la frontera y las posibles advertencias previas se suma ahora de forma específica la actuación de quien representaba al Gobierno en la ciudad durante los días en los que se produjo la entrada masiva.