40 posibles fallos de las pulseras antimaltrato vuelven a sacudir a Sánchez, Redondo y Marlaska

La Comunidad de Madrid ha vuelto a reclamar explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por los problemas detectados en los mecanismos de protección de las víctimas de violencia de género. Las advertencias afectan directamente a dos departamentos del Ejecutivo central: el Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo y responsable del servicio de pulseras antimaltrato, y el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, del que depende el sistema policial VioGén.

El Ejecutivo madrileño ha puesto de nuevo sobre la mesa 40 posibles incidencias en los dispositivos de seguimiento telemático, identificadas durante 2025, y denuncia que cuatro de las cinco comunicaciones remitidas desde entonces a distintos ministerios continúan sin respuesta.

La situación fue examinada el pasado 9 de octubre durante una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y en la que también participó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Las primeras advertencias se produjeron en septiembre de 2025, cuando la Comunidad de Madrid comunicó la existencia de posibles fallos en las pulseras utilizadas para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento. Estos dispositivos, integrados en el sistema Cometa, permiten controlar telemáticamente la distancia entre el agresor y la mujer protegida, así como generar avisos ante posibles incumplimientos.

La polémica afectó entonces al departamento de Ana Redondo, al que Madrid reclamó explicaciones oficiales y una auditoría independiente que permitiera conocer el verdadero alcance de las incidencias. Un año después, el Gobierno regional mantiene abiertas sus reclamaciones.

La ministra de Igualdad ha defendido públicamente el funcionamiento de Cometa. El pasado 16 de septiembre aseguró que ninguna mujer protegida mediante una pulsera de este sistema había sido asesinada por violencia de género en España y afirmó que su departamento había incorporado las mejoras solicitadas por la Fiscalía para reforzar la protección.

Sin embargo, las reclamaciones de la Comunidad de Madrid no se limitan a las pulseras. El departamento de Fernando Grande-Marlaska también aparece entre los destinatarios de las exigencias autonómicas por el funcionamiento de VioGén, la herramienta del Ministerio del Interior encargada de evaluar el nivel de riesgo de las víctimas y determinar las medidas policiales de protección.

Precisamente, uno de los datos que ha provocado la nueva petición de revisión afecta a las mujeres asesinadas en la región durante el último año. Según explicó García Martín, cuatro de las ocho víctimas mortales figuraban en VioGén con una valoración de riesgo bajo.

El Gobierno madrileño también ha advertido de que, de los 12.851 casos activos registrados en la Comunidad, únicamente 132 están considerados de riesgo alto o extremo. Se trata de las categorías que contemplan medidas policiales de vigilancia frecuente o permanente, dependiendo de la gravedad del riesgo.

Ante estas cifras, Ana Dávila ha solicitado al Ministerio del Interior que revise los cuestionarios utilizados para determinar la peligrosidad de cada caso y los algoritmos empleados para establecer las distintas clasificaciones.

La consejera madrileña sostiene que estos cuestionarios todavía no se han actualizado y considera necesario comprobar si el sistema permite identificar correctamente las situaciones de mayor peligro.

A esta reclamación se suma la petición de incrementar los efectivos policiales destinados a proteger a las mujeres amenazadas. Según los datos trasladados por el Ejecutivo autonómico, actualmente existe en España una media de un agente por cada 100 expedientes relacionados con la protección de víctimas.

Las advertencias de Madrid ya han sido comunicadas oficialmente a los departamentos afectados. De las cinco solicitudes remitidas por el Observatorio Regional, dos fueron dirigidas al Ministerio del Interior de Marlaska, otras dos al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo y una al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños.

Las comunicaciones incluyen peticiones para sustituir los dispositivos cuestionados, revisar los mecanismos de evaluación del riesgo y abordar la situación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer.

No obstante, la Comunidad de Madrid asegura que cuatro de estos cinco requerimientos permanecen sin contestación, pese a tratarse de cuestiones relacionadas con la seguridad de las víctimas.

El enfrentamiento institucional también alcanza a los tribunales. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta ahora en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas.

En paralelo, el Gobierno de Sánchez ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la regulación que permite al Ejecutivo autonómico ejercer la acción popular en estos procedimientos. La Comunidad considera que esta posibilidad está amparada por el artículo 125 de la Constitución Española, mientras que la controversia sobre su alcance deberá resolverse en el ámbito constitucional.

Con estos antecedentes, el Gobierno madrileño mantiene sus exigencias a los ministerios de Ana Redondo y Grande-Marlaska: aclarar las incidencias registradas en las pulseras antimaltrato, revisar los criterios utilizados por VioGén y reforzar los recursos destinados a proteger a las mujeres frente a sus agresores.