elecciones generales 29n
Sánchez pierde el control de su ley de nietos: no sabe quién entró en el censo
El Ejecutivo reconoce que carece de herramientas para localizar a los nacionalizados afectados por la suspensión electoral mientras busca en el Constitucional una salida al revés judicial que compromete sus planes para el 29N
Sofía Puente.
Pedro Sánchez pierde el control de su ley de nietos justo cuando el calendario corre que se las pela hacia las elecciones del 29N. Después de que el Tribunal Supremo frenara la incorporación al censo de determinados nacionalizados, el Gobierno admite ahora un problema embarazoso: no sabe identificar quiénes son los afectados por la resolución judicial.
Según publica The Objective, el Ejecutivo reconoce que no dispone de una herramienta que permita distinguir automáticamente qué expedientes se tramitaron al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y cuáles se beneficiaron de la instrucción dictada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.
El problema no es baladí. El Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones y exige comprobar que quienes pretendan ejercer el derecho al voto cumplen los requisitos establecidos. Pero la Administración sostiene ahora que realizar ese cribado antes de las elecciones resulta materialmente imposible.
Crear un problema y no saber resolverlo
Un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares, fechado el pasado 18 de septiembre, ya advertía de la dificultad. Ni el Registro de Matrícula Consular ni el Censo Electoral de Residentes Ausentes permiten conocer mediante qué procedimiento concreto obtuvo cada ciudadano la nacionalidad española.
La única alternativa sería revisar individualmente los expedientes. Una tarea que, según las estimaciones trasladadas por la Administración, podría prolongarse durante seis meses. El 29N, sin embargo, está a poco más de un mes y medio y el censo electoral quedó cerrado el pasado 1 de agosto.
La respuesta del Supremo añade todavía más pólvora al asunto. Los magistrados rechazan que la Administración pueda alegar como impedimento una situación provocada por su propia actuación. Dicho de otra manera: el desorden administrativo generado durante el proceso no sirve ahora como argumento para dejar sin efecto la resolución judicial.
Según los datos publicados, la suspensión cautelar afecta a 163.020 electores. Una cifra suficientemente relevante para convertir una discusión jurídica sobre la interpretación de la Ley de Memoria Democrática en un problema político de primera magnitud a pocas semanas de unas elecciones generales.
Después del Supremo, la mirada hacia Pumpido
El Gobierno ya dejó claro el martes que no acepta de buen grado el revés. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, calificó de "extrema gravedad" la decisión y sostuvo que "el derecho a voto se garantiza, no se restringe", mientras Moncloa estudia acudir al Tribunal Constitucional.
Y aparece de nuevo Cándido Conde-Pumpido. Sánchez busca en el Constitucional una salida después de que el Supremo rechazara las pretensiones del Gobierno. Pero incluso una eventual batalla ante el TC no borra el problema que ahora aflora dentro de la propia Administración.
La instrucción de Sofía Puente está, además, bajo investigación en un procedimiento penal abierto en Madrid por un presunto delito de prevaricación.