Polémica con montse mínguez
Montse Mínguez dirigía Economía cuando Lérida perdonó 281.783 euros a la empresa de su pareja
El importe no corresponde al canon anual de 240.000 euros: incluye la exención de una garantía de 161.655 euros y una rebaja de cánones pendientes. El decreto de 2014 lo firmó el entonces alcalde, Ángel Ros.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez y su pareja Sergi Vélez
La información publicada por Artículo14 sobre los al menos 30 pisos que alquila el grupo empresarial vinculado a Sergi Vélez, pareja de Montserrat Mínguez, ha vuelto a poner el foco en la gestión de vivienda de la portavoz socialista. El medio también informó, citando fuentes próximas a la empresa, de que podía haber hasta tres procedimientos de desahucio en marcha al mismo tiempo.
Tal y como contamos en ESdiario hace unos meses, el episodio municipal se remonta a la concesión de la zona de ocio del Turó de Gardeny, en Lérida. Adaix de Negocios, empresa vinculada a Vélez, obtuvo el contrato en 2009 para gestionar actividades de ocio en el recinto, donde operaba la discoteca Larida. Mínguez era entonces concejala y responsable del área de Economía.
El canon anual no es el dinero eximido
Para entender los 281.783 euros hay que separar dos cifras que pueden confundirse. Los 240.000 euros eran el canon anual fijado en el contrato de 2009, antes de IVA. La concesionaria también debía asumir otros costes y aportar una garantía adicional de 161.655 euros, ligada al eventual derribo de una construcción levantada durante la concesión.
La concesión se amplió en 2014 durante cuatro meses, del 3 de junio al 2 de octubre. Para ese periodo se fijó un canon proporcional de 83.315,75 euros. Esa cantidad tampoco es la condonación: es el canon previsto para la prórroga.
La cifra de 281.783 euros corresponde a otra operación. Según la información de The Objective y NacióLleida, el decreto municipal combinó la exención de la garantía adicional de 161.655 euros con una reducción de los cánones pendientes. La reducción se apoyó en que Adaix no habría podido utilizar parte de los terrenos durante la concesión.
El desglose del canon no aparece publicado como una cifra independiente en esas informaciones. Pero, si al total de 281.783 euros se le resta la garantía de 161.655, la rebaja de cánones resultante es de 120.128 euros. Es decir: 161.655 euros de garantía más 120.128 euros de reducción del canon suman los 281.783 euros. Esta suma no sale de perdonar el canon anual de 240.000 euros.
Acta oficial de la Junta de Gobierno de Lérida del 5 de mayo de 2009.
El decreto lo firmó Ángel Ros
En marzo de 2014, según los medios citados previamente, Mínguez reconoció en un correo interno que Adaix no había abonado pagos correspondientes a 2013 y que se había acordado fraccionar la deuda. Cuando la concesión terminó en junio, el entonces alcalde, Ángel Ros, impulsó una ampliación por razones de interés público. El 11 de junio de 2014, Ros firmó el decreto que aplicó la exención de la garantía y la reducción de los cánones pendientes.
La distinción es relevante: Mínguez estaba al frente de Economía y el correo apunta a que conocía los impagos; el decreto que fijó la exención lo firmó Ros. La documentación citada hasta ahora no permite atribuirle a ella personalmente la firma de esa decisión.
Chismógrafo
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David González
El expediente aparece en un acta posterior
El acta del pleno extraordinario del 19 de marzo de 2015 menciona el expediente de la concesión de la discoteca Larida a Adaix de Negocios. Esa referencia acredita que el asunto figuró en la documentación y el debate municipal; el acta no recoge por sí sola el desglose de los 281.783 euros.
Acta municipal del 19 de marzo de 2015
La Fiscalía Anticorrupción investigó la concesión y archivó las diligencias en octubre de 2015 al no acreditar corrupción en la gestión de Ros. Ese archivo debe figurar también en el relato del caso.
La polémica reaparece ahora en pleno debate sobre vivienda. Mínguez defendió en RNE que la vivienda debía ser “un derecho, no un negocio”. Tras las informaciones recientes, calificó las críticas de ataque personal y defendió que la empresa familiar cumplía la ley.
