El Tribunal de Cuentas acredita los gastos públicos para el procés pero la amnistía libra a Puigdemont
La sentencia considera probados los desembolsos destinados al 1-O y la acción exterior independentista, pero extingue las posibles responsabilidades porque no consta que el dinero procediera del presupuesto de la Unión Europea
Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas
Los gastos públicos existieron y sirvieron para impulsar el procés. Pero quedan amnistiados. El Tribunal de Cuentas ha absuelto a Carles Puigdemont y a otra treintena de encausados de las responsabilidades contables reclamadas por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat.
La clave no está en que el tribunal dude de la existencia o finalidad de esos desembolsos. Al contrario. La sentencia sostiene que los encausados efectuaron gastos vinculados al referéndum ilegal y a la promoción internacional del proceso independentista entre 2011 y 2017, algo que cuenta con "sólido sustento probatorio".
El fallo va incluso más allá al abordar su finalidad. Considera "no controvertido y corroborado" que los desembolsos se realizaron con motivo de las consultas del 9-N y el 1-O o "con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña".
La procedencia del dinero abre la puerta a la amnistía
La absolución llega por otra vía. El Tribunal de Cuentas considera que no ha quedado acreditada una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Los certificados de la Intervención General de la Generalitat señalan que los gastos investigados no fueron financiados con dinero procedente del presupuesto comunitario.
Al desaparecer esa excepción, el tribunal entiende que los hechos entran dentro del ámbito de aplicación de la ley de amnistía. La consecuencia es la extinción de las posibles responsabilidades contables y el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas durante el procedimiento.
La causa nació de las demandas presentadas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, que situaron los gastos presuntamente no justificados entre tres y cinco millones de euros. El Ministerio Público, sin embargo, pasó a defender la aplicación de la amnistía una vez aprobada la norma.
Junto a Puigdemont estaban encausados Artur Mas, Oriol Junqueras y antiguos consejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig, entre otros. Todos quedan ahora absueltos en este procedimiento.
La decisión llega después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la aplicación de la amnistía al considerar que, en los supuestos examinados, no estaban afectados los intereses económicos comunitarios, y del respaldo del Constitucional a su aplicación a la malversación del procés.