Óscar López tiene su propia Maricarmen y la tiene camino del desahucio
El ministro socialista, que calificó de “intolerable” el desalojo de la anciana madrileña y culpó a Ayuso, rechazó un recurso para conservar una vivienda de Muface situada justo enfrente de aquella y su inquilino se enfrenta al lanzamiento
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López
Óscar López tiene su propia Maricarmen. Y vive justo enfrente de la mujer cuyo desahucio utilizó hace tres semanas para cargar contra Isabel Díaz Ayuso. El ministro socialista, aspirante a disputarle la Presidencia de Madrid, dirige el departamento que rechazó el recurso de un inquilino de Muface para conservar su vivienda. Ahora afronta un procedimiento de desahucio.
La historia, desvelada este jueves por Javier Chicote en Artículo14, tiene una coincidencia difícil de pasar por alto: los dos pisos están en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, uno frente al otro. Pero mientras López convirtió el desalojo de Maricarmen en un símbolo político, su Ministerio ha defendido la extinción del contrato del vecino.
De acusar a Ayuso a rechazar un recurso
El 23 de septiembre, cuando Maricarmen, de 87 años, era desalojada de su domicilio, López calificó la situación de “intolerable” y acusó al Gobierno madrileño de “apoyar a los fondos buitre”.
“Lo que está pasando hoy en Madrid es la consecuencia de tener un gobierno neoliberal que no quiere hacer políticas de vivienda y que deja a una mujer en la calle con esas condiciones porque apoya a los fondos buitre”, declaró entonces el secretario general del PSOE madrileño
Tres semanas después, la información de Artículo14 revela que su propio departamento desestimó un recurso presentado por otro inquilino del mismo barrio, cuya vivienda pertenece a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), organismo adscrito al Ministerio de Función Pública.
Un contrato firmado en 1988
- La madre del afectado alquiló el piso a Muface en febrero de 1988. Falleció en junio de 2025 y su hijo, que llevaba años viviendo con ella para cuidarla, solicitó subrogarse en el contrato.
La mutualidad aceptó la subrogación, pero estableció que el arrendamiento terminaría el 24 de febrero de 2026. El inquilino recurrió aquella decisión al entender que el contrato original permitía mantener el alquiler. Su recurso fue desestimado mediante una resolución ministerial firmada por delegación.
El Ministerio sostuvo que el carácter indefinido del contrato no lo convertía en perpetuo y que no existía un pacto suficientemente claro de prórroga forzosa. El afectado permanece en la vivienda, por la que paga algo más de 600 euros mensuales, mientras continúa el procedimiento para recuperarla.
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La contradicción política permanece. El 28 de septiembre, López volvió a utilizar el caso de Maricarmen para defender los decretos antidesahucios del Gobierno: “El problema no está en el Gobierno, el problema está en el Parlamento”.