El movimiento de Vox que pone bajo sospecha el papel de García Ortiz en la operación contra Biedma

Vox ha abierto un nuevo frente judicial contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz al presentar una ampliación de la querella relacionada con las presuntas maniobras de la trama de Leire Díez contra la magistrada Beatriz Biedma, encargada de instruir la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El escrito, presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid y fechado el 13 de octubre, incorpora dos nuevos hechos que la formación considera relevantes para esclarecer el papel desempeñado por la Fiscalía General del Estado en la operación dirigida contra varios magistrados de Badajoz. Además, solicita investigar un posible delito de encubrimiento con abuso de funciones públicas, que se sumaría a los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias incluidos en la querella inicial del pasado 12 de junio.

La ampliación se apoya en nuevas informaciones sobre la existencia de un documento interno elaborado por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en 2024. Según publicó El Confidencial, aquel documento recogía distintas operaciones contra personas consideradas adversarias del Gobierno y del PSOE, entre ellas la jueza Beatriz Biedma y otros tres magistrados de Badajoz.

Se trata de Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds Barredo y Marta Hernández Sánchez, cuyos nombres también aparecían en una denuncia que García Ortiz decidió remitir personalmente a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General el 29 de noviembre de 2024.

Esta coincidencia constituye uno de los principales argumentos de la ampliación presentada por Vox. La formación sostiene que la denuncia tramitada por el entonces fiscal general no habría sido un episodio aislado, sino que podría estar relacionada con una estrategia previamente diseñada contra distintos integrantes de la judicatura extremeña.

El partido también recuerda que, según su querella inicial, García Ortiz dio curso a aquella denuncia pese al criterio previo de su propia Secretaría Técnica. Por ello, solicita que se investigue si aquella decisión pudo contribuir a las maniobras que se estaban desarrollando contra los magistrados.

Sin embargo, el segundo hecho incorporado al procedimiento introduce otro elemento especialmente relevante: las comunicaciones mantenidas entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz cuando se estudiaba una querella presentada contra Leire Díez.

Según recoge el escrito judicial, el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que durante junio de 2025 se intercambiaron al menos tres documentos con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General relacionados con aquella acción judicial.

En concreto, el 19 de junio de 2025 el fiscal Diego Yebra Rovira remitió la querella al responsable provincial. Al día siguiente, Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, le hizo llegar un documento bajo el título "Querella temeraria Hazte Oír Badajoz", acompañado de referencias jurisprudenciales.

Posteriormente, la Fiscalía de Badajoz emitió un informe en el que defendía que la competencia para conocer del procedimiento correspondía a Madrid. Según la documentación citada por Vox, aquel informe incorporó parte de los argumentos que habían sido trasladados desde la Fiscalía General.

La relevancia de esta intervención reside también en la identidad de quien remitió el documento. Diego Villafañe había recibido previamente a Leire Díez y a su abogado, Jacobo Teijelo, en la sede de la Fiscalía General del Estado los días 3 y 10 de abril de 2025, en reuniones que, según la querella, no quedaron registradas formalmente.

Vox considera necesario esclarecer por qué un responsable de la Fiscalía que había mantenido encuentros con Díez intervino posteriormente en las comunicaciones relacionadas con una querella presentada contra ella.

A estas circunstancias se añade una cuestión documental que la formación pretende aclarar mediante nuevas diligencias judiciales. Cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reclamó a la Fiscalía General del Estado toda la documentación relacionada con aquella querella, recibió una respuesta en la que se aseguraba que no se habían localizado registros.

Sin embargo, la posterior declaración del fiscal jefe de Badajoz puso de manifiesto la existencia de comunicaciones y documentos intercambiados con la Secretaría Técnica que no habían sido facilitados al juzgado.

Esta discrepancia ha llevado a Vox a solicitar que se identifique a las personas que elaboraron, revisaron y firmaron aquella respuesta, así como que se determine si la falta de aportación de los documentos fue consciente.

La formación establece, no obstante, una distinción temporal respecto a las posibles responsabilidades. García Ortiz continuaba al frente de la Fiscalía General cuando se produjeron las comunicaciones de junio de 2025, pero ya había abandonado el cargo cuando se remitió la respuesta a la Audiencia Nacional. Por tanto, el escrito no le atribuye directamente esta última actuación y pide que se investigue quiénes fueron sus responsables.

La ampliación también recoge las informaciones sobre los presuntos contactos del entorno investigado con personas vinculadas a un clan asentado en Badajoz, supuestamente con la finalidad de actuar contra la magistrada Biedma.

Estos hechos, puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional por la propia jueza, forman parte del contexto que Vox considera necesario examinar para determinar el alcance de las actuaciones dirigidas contra ella. 

A partir de estos nuevos elementos, Vox plantea la posible existencia de un delito de encubrimiento con abuso de funciones públicas, recogido en el artículo 451.3.º b del Código Penal. La formación considera que debe investigarse si determinadas actuaciones realizadas desde la Secretaría Técnica pudieron favorecer a personas investigadas o dificultar el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Para avanzar en esta investigación, el partido solicita que el juez requiera a la Audiencia Nacional la declaración del fiscal jefe de Badajoz, la respuesta remitida por la Fiscalía General y el documento interno atribuido a Leire Díez y Javier Pérez Dolset, si este último figura incorporado a las actuaciones.

También reclama que la Fiscalía General identifique a quienes participaron en la elaboración de su contestación al juez Pedraz y aporte las comunicaciones mantenidas con la Fiscalía Provincial de Badajoz entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2025.

Otra de las peticiones afecta directamente a la conservación de pruebas documentales. Vox solicita que se preserven íntegramente los correos electrónicos corporativos y los registros de la Secretaría Técnica correspondientes a ese periodo, con el objetivo de evitar que desaparezca documentación potencialmente relevante para la investigación.

En el apartado de declaraciones, la formación pide citar como testigos al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca; al fiscal Diego Yebra Rovira; a la magistrada Beatriz Biedma y a los otros tres jueces señalados en el documento interno atribuido a la trama.

El objetivo de estas comparecencias es determinar qué conocimiento tenían de las denuncias y de las posibles actuaciones dirigidas contra ellos, así como reconstruir las decisiones adoptadas desde la Fiscalía General durante el mandato de García Ortiz.