Sánchez insiste en el 'pucherazo' del voto extranjero: facilita trampas para votar fuera de plazo y de forma masiva

El sistema de votación de los españoles residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, vuelve al centro de la polémica a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. 16 embajadas españolas han sustituido el envío por carta certificada por la modalidad de franqueo en destino para la recepción del voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El cambio afecta a 1.895.085 electores, alrededor del 70% del censo exterior, según los datos publicados por The Objective. La controversia se centra en la trazabilidad de los sobres, mientras que el correo certificado permite registrar la admisión de cada envío y obtener un justificante, la correspondencia ordinaria puede carecer de un registro individual equivalente, lo que dificulta la comprobación de cuándo se depositaron realmente determinadas papeletas, facilitando el voto fuera de plazo o masivo no presencial.

Esta medida se ha acordado directamente con operadores postales de Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Irlanda, México, Países Bajos, República Dominicana, Suecia, Suiza, Perú, Uruguay y Venezuela. Argentina concentra aproximadamente una quinta parte del censo CERA. El cambio plantea preguntas sobre los controles aplicados y sobre cómo se garantiza que todos los sufragios contabilizados cumplen los requisitos legales.

La normativa electoral establece plazos específicos para el voto CERA. Para las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica que los electores residentes en el extranjero pueden remitir su voto por correo al consulado hasta el 24 de noviembre, mientras que el depósito presencial en urna está previsto entre el 21 y el 26 de noviembre, ambos incluidos. La cuestión planteada por es cómo se acredita la fecha de admisión de un sobre cuando se utiliza un servicio postal sin seguimiento individual. Si no existe una marca temporal verificable, puede resultar más difícil determinar si un envío se depositó dentro del plazo correspondiente. Esta circunstancia permitiría que sobres con votos depositados fuera de plazo llegasen al circuito sin que pudiera comprobarse con precisión cuándo fueron entregados al operador postal local.

Esta medida del voto CERA también plantea un escenario de posible fraude: que una persona o grupo depositase numerosos sobres en buzones públicos sin que el operador postal registrara individualmente quién los entregó ni la fecha exacta de admisión. Redes organizadas podrían intentar utilizar documentación personal de electores que no ejercieran su derecho al voto. Con casi 1,9 millones de electores afectados, la transparencia sobre el procedimiento resulta especialmente relevante. Los españoles residentes en el extranjero tienen el mismo derecho a que su voto sea respetado y contabilizado conforme a la ley, pero arantizarlo exige tanto facilitar su participación como asegurar controles verificables que permitan descartar irregularidades, y parece que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere facilitar la ausencia de controles en el voto CERA de las elecciones generales del 29 de noviembre ¿Por qué motivo?