Un abogado revela a ESdiario la avalancha de consultas por la incertidumbre del alquiler: "La gente tiene miedo"

Pedro Sánchez han abierto un nuevo escenario de incertidumbre entre los propietarios. El Ejecutivo ha recuperado mediante estas disposiciones parte de las medidas que anteriormente habían sido rechazadas por el Congreso y pretende ahora someterlas a la convalidación de la Diputación Permanente, tras la disolución de las Cortes por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una situación que ha reabierto las dudas sobre los contratos de alquiler y las obligaciones de propietarios e inquilinos.

Ante este escenario, ESdiario ha entrevistado al abogado José F. Trejo para comprobar si los cambios legislativos están provocando un aumento de las consultas y si los propietarios se plantean mantener sus viviendas cerradas antes que ponerlas en alquiler. El letrado confirma que está recibiendo más solicitudes de asesoramiento de las habituales y advierte de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la actual regulación sobre el mercado inmobiliario.

"Hay más consultas de las habituales", reconoce a este medio, al tiempo que señala que los propietarios son quienes manifiestan una mayor preocupación por las condiciones en las que pueden alquilar sus inmuebles.

La situación tiene su origen en el rechazo parlamentario a las anteriores medidas de vivienda del Ejecutivo. El pasado 2 de octubre, el Congreso rechazó la convalidación del Real Decreto-ley 26/2026, aprobado el 29 de septiembre, que contenía medidas relacionadas con la protección de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible. Tras este revés parlamentario, el Gobierno aprobó el 6 de octubre dos nuevos textos con los que recuperó parte de las disposiciones rechazadas.

Se trata de los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026. El primero contempla modificaciones en el régimen de prórrogas de los contratos de vivienda habitual, con entrada en vigor prevista para el 15 de noviembre. El segundo, vigente desde el 8 de octubre, establece, entre otras medidas, la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de arrendamiento.

La intención del Ejecutivo es llevar ambos textos a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cámaras. De este modo, el Gobierno busca conseguir la convalidación de unas medidas que han vuelto a generar controversia por sus consecuencias para propietarios e inquilinos.

Es precisamente en este contexto donde se sitúa la entrevista realizada por ESdiario. Preguntado sobre si están aumentando las consultas de propietarios que quieren saber si les compensa poner una vivienda en alquiler o mantenerla cerrada, el abogado responde afirmativamente.

"Sí, obviamente. Sobre todo por parte de los propietarios", explica el letrado, quien identifica entre las principales preocupaciones el riesgo de que un inquilino deje de abonar la renta y el dueño no pueda recuperar inmediatamente la posesión de su inmueble.

Según relata, el problema aparece cuando una persona ha realizado una inversión en una vivienda con la intención de obtener un ingreso mensual o anual y termina encontrándose con que el arrendatario incumple sus obligaciones económicas.

El abogado advierte de que, en esas circunstancias, el propietario puede dejar de percibir las mensualidades pactadas y verse privado temporalmente de la posesión de su vivienda, mientras continúa afrontando determinados gastos relacionados con el inmueble.

El letrado menciona expresamente los suministros de agua y electricidad como parte de las obligaciones económicas que pueden complicar estos conflictos, dependiendo de las circunstancias del arrendamiento.

Durante la entrevista también hace referencia a resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona que, según su interpretación, han introducido matices en la consideración penal de determinados cortes de suministros. No obstante, las consecuencias jurídicas dependen de cada caso y estas resoluciones no implican una autorización general para interrumpir unilateralmente los servicios de una vivienda alquilada.

"La gente tiene miedo", asegura al describir la preocupación que percibe entre los propietarios.

El abogado considera que la legislación actual no ofrece garantías suficientes a quienes ponen sus inmuebles en alquiler y se muestra especialmente crítico con las consecuencias que pueden tener las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

"La legislación no está favorable para ello", afirma en referencia a la decisión de alquilar una vivienda, antes de calificar el escenario normativo como "totalmente perjudicial para el propietario".

A juicio del letrado, el temor a encontrarse con un impago y las dificultades para recuperar una propiedad están condicionando las decisiones de quienes podrían destinar sus inmuebles al mercado residencial.

Las advertencias del letrado se producen mientras el Gobierno intenta conseguir la convalidación de sus dos nuevos decretos mediante la Diputación Permanente. La incertidumbre sobre su futuro parlamentario añade otra variable a las decisiones que deben adoptar propietarios e inquilinos.

Trejo considera que la posibilidad de que los propietarios decidan no alquilar sus viviendas puede terminar teniendo consecuencias sobre la disponibilidad de inmuebles en el mercado.

"El problema de vivienda se va a agravar mucho más", advierte, al relacionar esa previsión con las condiciones legislativas que, a su juicio, están desincentivando a los arrendadores.

El letrado confirma que está registrando un aumento de las peticiones de asesoramiento y señala especialmente la preocupación de los propietarios por las consecuencias de un posible impago. 

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su intención de llevar las dos nuevas disposiciones sobre vivienda a la Diputación Permanente, después de que las medidas anteriores no consiguieran superar su convalidación en el Congreso.