Guerra abierta entre el Supremo y el Constitucional: la amnistía de Sánchez y la Ley de Nietos desatan el choque
El Supremo acata la amnistía a Junqueras y los exconsellers, pero carga contra el Constitucional por corregir su decisión sobre la malversación. La batalla judicial se extiende al recurso por la suspensión del voto de más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos, en un nuevo episodio de tensión entre ambos tribunales.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Supremo, Isabel Perelló.
El enfrentamiento entre el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) suma nuevos capítulos. La aplicación de la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa ha provocado duras críticas del alto tribunal a la corte de garantías. A esta disputa se añade ahora la controversia por la suspensión del voto de más de 160.000 españoles nacionalizados al amparo de la conocida como ley de nietos.
Dos conflictos distintos que evidencian el creciente desacuerdo entre los dos máximos órganos judiciales del país. El Supremo ha aplicado la amnistía a los condenados por malversación vinculada al procés después de que el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, anulara su decisión de excluir este delito de la medida de gracia.
La Sala Segunda había defendido que existía un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, al haberse utilizado fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, tras el fallo del TC, ha tenido que modificar su criterio.
El acatamiento no ha impedido que los magistrados expresen su profundo desacuerdo. El Supremo reprocha al Constitucional haber cuestionado su interpretación jurídica con expresiones innecesarias y un tono que considera impropio de una resolución de estas características.
En uno de los pasajes más contundentes de su escrito, denuncia que «su innecesaria grandilocuencia» revela el propósito de adornar un razonamiento que invade el ámbito jurisdiccional que corresponde al alto tribunal.
La decisión tiene consecuencias directas para Junqueras, cuya inhabilitación se prolongaba hasta 2031. Con la aplicación de la amnistía, el dirigente independentista puede volver a presentarse a unas elecciones.
El voto de 160.000 españoles abre otro frente judicial
La tensión se extiende ahora al recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto de más de 160.000 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la ley de nietos.
El Supremo justificó la medida por la necesidad de garantizar la regularidad del censo electoral y evitar la participación de personas cuya nacionalidad pudiera haberse obtenido irregularmente. Gabilondo, por su parte, ha solicitado al Constitucional que anule la decisión o suspenda urgentemente sus efectos para restablecer el derecho al sufragio.
El principal obstáculo es procesal: el procedimiento sigue abierto en el Supremo. El magistrado conservador Enrique Arnaldo propone inadmitir el recurso por considerarlo prematuro, al entender que todavía no se ha agotado la vía judicial ordinaria.
Frente a esta postura, otras voces del Constitucional consideran que el rechazo de los recursos contra la suspensión podría justificar la intervención urgente del tribunal para proteger el derecho de participación política.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
La decisión puede dividir de nuevo a los magistrados y generar votos particulares, en un asunto que afecta al derecho electoral de miles de ciudadanos.
Dos conflictos que agravan la tensión judicial
La amnistía del procés y la suspensión del voto plantean cuestiones jurídicas diferentes, pero ambas han situado al Supremo y al Constitucional en posiciones enfrentadas.
Mientras el primero cuestiona duramente la resolución que ha obligado a rectificar su criterio sobre la malversación, el segundo debe decidir si interviene de inmediato para revisar las restricciones electorales o espera a que concluya el procedimiento ordinario.
El resultado es un pulso institucional con importantes consecuencias políticas y jurídicas. La resolución sobre el voto de los nacionalizados puede abrir un nuevo capítulo de una disputa que ya ha dejado al descubierto las profundas diferencias entre ambos tribunales.