Revés para la hermana de Óscar Puente: admiten una querella por presunta prevaricación en la ley de nietos
Una magistrada de Madrid da entrada a la denuncia de Hazte Oír contra Sofía Puente y le concede diez días para pronunciarse antes de decidir si abre una investigación.
Sofía Puente hermana de Óscar Puente.
La polémica por la ley de nietos abre un nuevo frente judicial que salpica a la familia del ministro de Transportes, Óscar Puente. Una jueza madrileña ha admitido a trámite la querella presentada por Hazte Oír contra su hermana, Sofía Puente, por un presunto delito de prevaricación relacionado con una instrucción administrativa que amplió los supuestos para obtener la nacionalidad española.
Según ha adelantado El Debate, la magistrada Inmaculada Lova, titular de la Plaza 35 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, ha dado entrada a la acción judicial contra quien fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia.
El origen del conflicto está en una instrucción dictada durante su etapa al frente de este organismo. Hazte Oír cuestiona que Sofía Puente tuviera competencias para ampliar mediante una disposición administrativa el alcance de la conocida como ley de nietos, una cuestión cuya legalidad también se examina en el Tribunal Supremo.
La resolución judicial permite a la asociación ejercer la acusación popular, previo depósito de una fianza de 1.000 euros. Además, concede diez días a las partes para responder a los informes de la Fiscalía, que se ha opuesto a investigar penalmente a la ex alto cargo.
La jueza también ha ordenado facilitar la documentación procedente de otro juzgado madrileño para que las partes puedan formular sus alegaciones antes de adoptar una decisión definitiva.
Este movimiento judicial se produce en plena controversia por el voto de los españoles nacionalizados al amparo de esta normativa, una cuestión especialmente sensible ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Será la magistrada quien determine, una vez examinados los escritos, si existen motivos para continuar con las diligencias o si procede archivar el caso.