El PP acorrala al "obstruccionista" Albares por incumplir los autos del Supremo sobre la Ley de Nietos

José Manuel Albares ha respondido con artillería contra el PP a la acusación de que Exteriores todavía no ha cumplido lo ordenado por el Tribunal Supremo sobre la llamada Ley de Nietos. El ministro habla de "acoso", "amedrentamiento" y hasta de "ridículo". Génova, mientras tanto, le ha puesto fecha al reloj: 23 de octubre.

El choque llega después de que Miguel Tellado haya remitido un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez. El PP exige el cumplimiento "inmediato y urgente" de los autos dictados por el Supremo el 10 de septiembre y el 12 de octubre.

Génova sostiene que la actuación de Exteriores revela una "conducta pasiva y obstruccionista" encaminada a una "desobediencia efectiva". Según denunció este martes Alma Ezcurra, el Gobierno llevaba más de un mes sin remitir a la Oficina del Censo Electoral "ni un solo dato" de los reclamados para ejecutar las medidas cautelares.

Ese es el problema para Albares. El Supremo, tras la negativa del Constitucional a admitir a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo, mantiene suspendido cautelarmente el voto de 163.020 nacionalizados por esta vía, cifra procedente de los datos facilitados por el propio Gobierno, salvo que los consulados certifiquen que cumplen las condiciones establecidas para los descendientes de exiliados.

El PP reclama que Exteriores proporcione el desglose necesario, ordene expedir esas certificaciones y acredite además que las oficinas consulares han publicado la parte dispositiva del último auto. Todo ello, exige, debe estar realizado y comunicado antes del 23 de octubre.

El día siguiente no es uno cualquiera. A partir del 24 comienza el envío de oficio de la documentación electoral a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Génova advierte de que, sin esos datos, la documentación podría remitirse también a electores cuyo derecho permanece cautelarmente suspendido y hacer irreparable el incumplimiento de cara al 29N.

El burofax eleva además la presión sobre el ministro. El PP advierte de posibles responsabilidades personales, incluidas las penales, no sólo para los funcionarios que eventualmente desatendieran las resoluciones, sino también para sus superiores jerárquicos si hubieran "ordenado o alentado" esa conducta. Y cita expresamente a Albares.

El ministro ha optado por devolver el golpe. Asegura que los consulados cumplen "escrupulosamente" lo ordenado, afirma que se han anulado permisos para acelerar los trabajos y acusa a Feijóo de "acosar" y "amedrentar" al Servicio Exterior. Según Albares, el líder popular está haciendo el "ridículo".

Pero entre el "ridículo" de Albares y la amenaza penal del PP queda una cuestión menos retórica. Hay dos autos del Supremo, una documentación que Génova asegura que sigue sin llegar al Censo y una fecha en rojo: el 24 comienza el envío del voto exterior. Para entonces, el cruce de descalificaciones ya no servirá para cuadrar el censo.