El PSOE recurre a un burofax para ganar tiempo ante el juez Pedraz en el caso de las cloacas
Ferraz consulta al Consejo General de la Abogacía para aplazar la entrega de los contratos y la lista de abogados que reclama la Audiencia Nacional.
Sede socialista de la calle Ferraz en Madrid
El PSOE ha solicitado más tiempo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregar la documentación relacionada con las contrataciones de abogados, despachos y consultoras durante los últimos años. La formación socialista ha recurrido ahora al argumento del secreto profesional y ha elevado una consulta al Consejo General de la Abogacía Española antes de facilitar los datos reclamados en la investigación del conocido como caso de las cloacas de Ferraz.
Este movimiento llega después de que el magistrado concediera al partido un plazo de 48 horas para responder a un requerimiento que ya había formulado el pasado 6 de octubre. Ante la falta de respuesta, Pedraz reiteró su exigencia y reclamó la entrega de los documentos relativos a los servicios jurídicos contratados entre 2021 y 2025.
La dirección socialista ha enviado un burofax al organismo que representa a los abogados españoles para conocer si proporcionar los nombres de los profesionales y los detalles de sus contrataciones podría entrar en conflicto con las obligaciones de confidencialidad. Ferraz sostiene que identificar determinados despachos permitiría conocer indirectamente los procedimientos en los que han intervenido y las estrategias de defensa utilizadas por el partido.
Los servicios jurídicos del PSOE argumentan que no pueden levantar por su cuenta el secreto profesional cuando la información afecta también a terceros. Por este motivo, consideran necesario disponer de un pronunciamiento previo del Consejo General de la Abogacía antes de atender íntegramente la petición judicial.
La documentación que reclama Pedraz no se limita a una relación de nombres. El magistrado quiere conocer quién contrató a los profesionales, qué servicios prestaron, cómo fueron autorizados los encargos y qué justificantes existen de los trabajos realizados. La solicitud afecta tanto a la dirección nacional del PSOE como a sus estructuras territoriales.
Ferraz también ha alegado dificultades para recopilar toda esa información en el plazo establecido. Según expone la formación, las distintas federaciones deben revisar documentación correspondiente a cinco años, una tarea que coincide con los preparativos de la campaña electoral del próximo 29 de noviembre.
El origen de estas diligencias está relacionado con las investigaciones sobre las presuntas actividades de Leire Díez y otras personas vinculadas a una supuesta estructura destinada a obtener información y actuar contra investigadores y responsables judiciales de procedimientos que afectan al entorno socialista.
Uno de los principales objetivos de Pedraz es esclarecer el recorrido del dinero y las decisiones adoptadas durante la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. El instructor trata de determinar quién autorizó determinados pagos, de qué cuentas procedían y si los servicios contratados respondían a trabajos efectivamente realizados.
La investigación también examina el papel de la antigua dirección del partido en estas operaciones y los mecanismos de control que existían para supervisar las contrataciones. En este contexto, la declaración de la gerente federal socialista, Ana María Fuentes Pacheco, resultó relevante para ampliar las comprobaciones sobre los encargos profesionales.
El pasado 9 de octubre, Pedraz rechazó por el momento atribuir responsabilidad penal al PSOE como persona jurídica al considerar que todavía no existían elementos suficientes para adoptar esa decisión. Sin embargo, mantuvo abiertas las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y dejó la posibilidad de reconsiderar la situación procesal de la formación en función de los resultados de la investigación.
Mientras tanto, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha rechazado cualquier implicación del partido en los hechos investigados. Este jueves, en declaraciones a la Cadena Ser, aseguró que las personas relacionadas con estas actuaciones ya no forman parte de la organización y señaló que el PSOE se reserva la posibilidad de emprender acciones judiciales en función de lo que determinen las pesquisas.
La nueva petición de ampliación del plazo llega, por tanto, cuando la Audiencia Nacional sigue pendiente de recibir los contratos, expedientes y justificantes necesarios para avanzar en el análisis de las relaciones económicas investigadas. El requerimiento judicial contempla expresamente tanto la protección del secreto profesional como el derecho a no aportar información autoincriminatoria.