Gabilondo dejará de ser Defensor del Pueblo el 16 de noviembre: Jiménez-Becerril asumirá el relevo provisional

Ángel Gabilondo tiene los días contados al frente del Defensor del Pueblo. El próximo 16 de noviembre finalizará su mandato de cinco años, apenas trece días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El exministro socialista de José Luis Rodríguez Zapatero abandonará la institución después de una última intervención judicial que ha coincidido con los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez: su intento de recuperar el derecho al voto de más de 163.000 españoles nacionalizados mediante la denominada ley de nietos.

Gabilondo fue designado Defensor del Pueblo en noviembre de 2021 gracias a un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar distintos órganos institucionales. Su nombramiento recibió el respaldo de las tres quintas partes del Congreso y del Senado, las mayorías exigidas para ocupar un puesto cuya principal responsabilidad consiste en supervisar la actividad de las administraciones públicas y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Cinco años después, su mandato llega a su fin en uno de los momentos políticos más delicados de la legislatura, con las elecciones generales convocadas y varias controversias judiciales relacionadas con el proceso electoral todavía pendientes de resolución.

La Ley Orgánica 3/1981 establece que el Defensor del Pueblo es elegido para un periodo de cinco años. Una vez concluido ese plazo, corresponde a las Cortes Generales iniciar el procedimiento para designar a su sustituto, una elección que necesita nuevamente una mayoría cualificada en ambas Cámaras.

Sin embargo, la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre impedirá previsiblemente una renovación inmediata. La designación de un nuevo Defensor del Pueblo quedará pendiente de los acuerdos que puedan alcanzarse tras la constitución de las nuevas Cortes Generales.

La sustituta provisional será Teresa Jiménez-Becerril, actual adjunta primera de la institución y elegida a propuesta del Partido Popular. Jiménez-Becerril asumirá las funciones de Defensora del Pueblo en funciones hasta que se produzca un nuevo nombramiento.

De esta manera, la institución pasará a una etapa de interinidad, como ya sucedió entre 2017 y 2021, cuando permaneció sin un titular definitivo tras finalizar el mandato de Soledad Becerril.

Una de las últimas actuaciones de Gabilondo antes de abandonar su responsabilidad institucional ha estado directamente relacionada con uno de los asuntos electorales más controvertidos de las últimas semanas: la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 españoles nacionalizados mediante la denominada ley de nietos.

El pasado 16 de octubre, exactamente un mes antes de finalizar su mandato, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar revertir las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo.

La decisión del Alto Tribunal afectaba a ciudadanos residentes en el extranjero que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que, para ejercer el derecho al sufragio en los próximos comicios, debían acreditar determinadas condiciones vinculadas a su condición de descendientes de exiliados.

La intervención de Gabilondo coincidió con la posición defendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, contrario a las restricciones cautelares sobre el voto de estos ciudadanos. El Defensor del Pueblo alegó que la decisión judicial podía provocar una vulneración de derechos fundamentales y solicitó una actuación urgente del Constitucional.

Sin embargo, el intento de Gabilondo terminó encontrándose con un contundente rechazo judicial. El pasado 21 de octubre, el Tribunal Constitucional inadmitió su recurso por diez votos frente a dos.

La mayoría de los magistrados consideró que el Defensor del Pueblo había acudido prematuramente al órgano de garantías, puesto que todavía no se había agotado la vía judicial ordinaria ante el Supremo. La resolución no entró a valorar el fondo del asunto, pero impidió que prosperase la intervención urgente solicitada.

El recurso se convirtió así en una de las actuaciones más relevantes de las últimas semanas de Gabilondo, después de que la institución intentara modificar una suspensión cautelar con consecuencias directas sobre el censo de las elecciones generales.

El calendario deja una coincidencia especialmente significativa: Gabilondo abandonará la Defensoría del Pueblo el 16 de noviembre y los españoles acudirán a las urnas el 29 de ese mismo mes. Su relevo se producirá mientras continúa abierto el conflicto judicial sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos, una cuestión sobre la que el Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse definitivamente.

Teresa Jiménez-Becerril tomará el relevo de Gabilondo

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ocupa actualmente el cargo de adjunta primera del Defensor del Pueblo, responsabilidad que asumió el 1 de diciembre de 2021 tras su nombramiento por Ángel Gabilondo. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una amplia trayectoria política vinculada al Partido Popular.

Fue eurodiputada entre 2009 y 2019 y posteriormente diputada nacional por Sevilla en el Congreso hasta noviembre de 2021, cuando abandonó su escaño para incorporarse a la institución.

Su trayectoria también está marcada por la lucha contra el terrorismo. Es hermana de Alberto Jiménez-Becerril, concejal del PP en Sevilla asesinado por ETA junto a su esposa, Ascensión García Ortiz, en enero de 1998. Desde entonces ha mantenido una participación activa en la defensa de las víctimas del terrorismo y es presidenta de honor de la fundación que lleva el nombre de su hermano.

A partir del próximo 16 de noviembre asumirá provisionalmente las funciones de Defensora del Pueblo, una responsabilidad que ejercerá hasta que el Congreso y el Senado alcancen un acuerdo para elegir al sustituto definitivo de Gabilondo.