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El PSOE extremeño vota contra el apoyo a la jueza Biedma: PP y Vox exigen esclarecer quién quiso "deshacerse" de ella

La iniciativa de los populares, respaldada por Vox, reclama al Gobierno de Sánchez que proteja a la magistrada ante las presuntas maniobras de intimidación vinculadas a su investigación sobre David Sánchez.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ​

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, 
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Patricia Rodríguez Corchado

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El PSOE extremeño ha votado en contra de una propuesta parlamentaria para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que manifieste su apoyo institucional a la jueza Beatriz Biedma, la magistrada que investigó al hermano del presidente del Ejecutivo, David Sánchez. La iniciativa, presentada por el Partido Popular, ha salido adelante en la Asamblea de Extremadura gracias al respaldo de PP y Vox, mientras que los socialistas y Unidas por Extremadura han rechazado la propuesta.

La votación, celebrada este jueves 22 de octubre, se ha producido en medio de las informaciones sobre presuntas maniobras de intimidación contra la magistrada, entre ellas supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico en Badajoz para intentar frenar sus investigaciones. Unas acusaciones de extraordinaria gravedad que todavía deben ser esclarecidas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha aprovechado su intervención en la Cámara autonómica para exigir al PSOE explicaciones sobre el posible conocimiento de estas actuaciones y sobre quién podría estar detrás de los supuestos intentos de intimidación.

"¿Quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma? ¿Quién del PSOE de Extremadura conocía a Leire y sabía lo que estaba sucediendo en Badajoz? ¿Quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?", ha preguntado desde la tribuna.

Con estos tres interrogantes, el dirigente popular ha situado el foco sobre las posibles conexiones políticas de las presuntas maniobras contra Biedma. No obstante, las responsabilidades que plantea el PP no han quedado acreditadas judicialmente.

Sánchez Juliá también ha denunciado lo que considera un "silencio cómplice" del PSOE y ha cuestionado que ni el Gobierno central ni los dirigentes socialistas hayan ofrecido, a su juicio, explicaciones suficientes ante la gravedad de las informaciones conocidas.

El portavoz popular ha acusado a los socialistas de intentar levantar un "telón de acero" para evitar que se profundice en este asunto y ha calificado de "preocupante y casi delatante" la actitud del PSOE de Extremadura.

La propuesta aprobada reclama expresamente al Ejecutivo de Sánchez que traslade su respaldo institucional a Beatriz Biedma y defienda la independencia judicial frente a cualquier posible presión o actuación intimidatoria.

Los populares también han querido hacer extensivo su apoyo al entorno familiar de la magistrada, al considerar especialmente preocupantes las informaciones relacionadas con presuntas actuaciones destinadas a intimidarla.

"Perseguir, espiar y acosar a jueces y fiscales es atacar los pilares de nuestra democracia, es atacar la separación de poderes", ha advertido Sánchez Juliá.

El dirigente del PP ha insistido en que la protección de los jueces y fiscales no puede depender de la identidad de las personas investigadas ni de sus vínculos familiares o políticos. En este sentido, ha defendido que la propuesta no responde a una cuestión partidista, sino a la necesidad de preservar las garantías del Estado de derecho.

Para los populares, resulta imprescindible determinar quién pudo intervenir en las presuntas maniobras de intimidación, qué personas tuvieron conocimiento de ellas y si existieron contactos destinados a obstaculizar las investigaciones judiciales sobre el hermano del presidente del Gobierno.

"Decencia o delincuencia. Mafia o democracia", ha proclamado el portavoz popular antes de cerrar su intervención con una última frase: "Será la democracia la que acabe con la mafia".

Guardiola advierte: cerrar Almaraz costaría 200 euros más a cada extremeño

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también ha aprovechado el pleno de la Asamblea para defender la rebaja de la ecotasa a las compañías eléctricas como una medida fundamental para garantizar la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Frente a las críticas del PSOE, encabezadas por Álvaro Sánchez Cotrina, la dirigente popular ha advertido de las consecuencias económicas que tendría el cierre de la instalación para los ciudadanos.

"Estamos hablando de una media de 200 euros más por cada extremeño", ha afirmado Guardiola, quien sostiene que un eventual apagón nuclear podría encarecer hasta un 30% la factura eléctrica de los hogares de la comunidad.

La presidenta extremeña ha defendido que la reducción del impuesto constituye una herramienta clave para favorecer la continuidad de Almaraz, mientras que los socialistas le reprochan que priorice los intereses económicos de las compañías eléctricas frente a las necesidades de los ciudadanos. Guardiola, por su parte, ha situado el mantenimiento de la central y el impacto del cierre sobre el bolsillo de los extremeños en el centro del debate.

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