Dos exvocales del CGPJ rompen su silencio: "Llegábamos con el candidato ya elegido"
Las antiguas integrantes del órgano judicial exponen cómo se tomaban decisiones, denuncian la concentración de poder y cuestionan la transparencia de los nombramientos.
Sede del Consejo General del Poder Judicial de España
El funcionamiento interno del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a quedar bajo sospecha después de que dos de sus antiguas vocales hayan relatado algunas de las prácticas que marcaron una etapa de más de una década. Nombramientos que llegaban prácticamente decididos, poder concentrado en un reducido grupo de integrantes y dificultades para garantizar la independencia judicial forman parte de las deficiencias expuestas por quienes conocieron la institución desde dentro.
Concepción Sáez Rodríguez y Nuria Díaz Abad, integrantes del Consejo entre 2013 y 2024, han ofrecido dos testimonios que ponen sobre la mesa los problemas de funcionamiento de un organismo cuya principal responsabilidad es preservar la independencia de jueces y magistrados.
Las declaraciones se produjeron durante una mesa redonda organizada por Foro Judicial Independiente. Según recoge Confilegal, que asistió al encuentro, una de las afirmaciones más contundentes llegó de Concepción Sáez, quien reconoció que, en determinadas ocasiones, los miembros de las comisiones acudían a las reuniones con el candidato que iba a ser designado ya decidido.
«En muchas ocasiones llegábamos a la comisión con el candidato ya elegido», aseguró la antigua vocal, propuesta en su momento por Izquierda Unida.
Sus palabras ponen el foco sobre los procedimientos utilizados para cubrir determinados puestos de responsabilidad judicial y plantean interrogantes sobre el margen real de deliberación que existía antes de adoptar algunas decisiones.
Sáez también cuestionó la manera en que se justificaban los nombramientos discrecionales. Según explicó, algunas resoluciones utilizaban argumentos repetitivos y formulaciones prácticamente idénticas que impedían comprender las razones por las que un aspirante era seleccionado frente a otros candidatos con trayectorias profesionales comparables.
Esta práctica resultaba especialmente controvertida cuando se trataba de elegir a quienes iban a ocupar puestos relevantes dentro de la estructura judicial, donde la valoración de los méritos y la motivación de las decisiones constituyen elementos fundamentales para garantizar la transparencia.
La magistrada Cristina de Vicente, encargada de moderar el encuentro, también expresó sus reservas sobre estos procedimientos. Durante su intervención señaló que no había encontrado nombramientos en los que existiera una verdadera motivación comparativa entre los aspirantes.
Por su parte, Nuria Díaz Abad, propuesta por el Partido Popular, defendió la necesidad de utilizar criterios objetivos, como la antigüedad y la experiencia profesional, aunque consideró que determinados puestos también requieren valorar capacidades de gestión y otras cualidades personales.
Las diferencias entre ambas antiguas vocales no impidieron que el encuentro dejara al descubierto otro de los aspectos más discutidos de aquella etapa: la concentración de poder dentro del Consejo presidido por Carlos Lesmes.
El presidente del órgano había sido previamente pactado por el Partido Popular y el PSOE, mientras que su funcionamiento interno otorgaba un protagonismo especialmente relevante a la Comisión Permanente.
De los veinte vocales que integraban el CGPJ, únicamente los seis miembros de esa comisión desempeñaban sus responsabilidades con dedicación exclusiva. El resto debía compatibilizar su participación institucional con sus respectivas profesiones.
Esta organización dejaba buena parte de las decisiones cotidianas en manos del presidente y de un número reducido de vocales, mientras los demás tenían una intervención más limitada en la gestión del organismo.
Sáez fue especialmente crítica al recordar su experiencia personal. La antigua vocal aseguró que su presencia nunca había sido plenamente aceptada y reconoció haberse sentido discriminada durante su paso por la institución.
«Mi presencia siempre fue, a mi parecer, no deseada. Me sentí discriminada», manifestó.
También denunció una dinámica interna en la que las discrepancias podían ser interpretadas como un problema. A su juicio, existía una tendencia a presentar la unanimidad como el resultado deseable, incluso cuando los integrantes del Consejo mantenían posiciones diferentes.
Sin embargo, uno de los datos más preocupantes expuestos durante el debate estuvo relacionado con la confianza de los propios jueces en su órgano de gobierno.
Díaz Abad presentó los resultados de una encuesta europea realizada en 2025 con la participación de 1.023 jueces. Según los datos expuestos, la independencia del CGPJ recibió una valoración de apenas 3,4 puntos sobre 10.
Además, únicamente el 20 % de los encuestados consideró que el Consejo disponía de instrumentos suficientes para proteger la independencia judicial.
Las cifras reflejan un importante problema de confianza entre los profesionales que integran la carrera judicial y la institución encargada de defender su autonomía frente a posibles interferencias.
Díaz Abad también señaló las limitaciones del CGPJ en materias como la presupuestaria, debido a la intervención del Ministerio de Justicia en la aprobación de sus cuentas.
A estas dificultades se añaden las deficiencias detectadas en los mecanismos de protección de jueces y magistrados cuando consideran amenazada su independencia.