El auto de Tardón destapa más de 20 notas secretas a Marruecos y da 15 días a Moncloa para revelar los informes de Ceuta
La magistrada reclama los documentos sin tachaduras, exige identificar a las autoridades que recibieron las alertas previas y quiere esclarecer qué papel desempeñó Rabat en la entrada masiva de inmigrantes.
Inmigrantes en la playa de El Trampolín en Ceuta a 21 de agosto de 2026.
La juez María Tardón estrecha el cerco sobre la información que conserva el Gobierno de Pedro Sánchez acerca de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada ha elevado una exposición razonada al Consejo de Ministros para reclamar la desclasificación urgente de los informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), después de comprobar que existen más de 20 notas remitidas a los servicios secretos marroquíes de las que únicamente se ha facilitado una, además con parte de su contenido censurado.
En un auto fechado este martes, 27 de octubre, la instructora reclama que Moncloa desclasifique la documentación en un plazo máximo de 15 días naturales desde la recepción de la solicitud. Su objetivo es esclarecer qué conocían las autoridades españolas antes de que se produjera la crisis, quién recibió las advertencias y cuál fue la actuación de Marruecos durante aquellos acontecimientos.
La resolución pone el foco en las comunicaciones mantenidas entre el CNI y los servicios de inteligencia marroquíes DGED y DGST. El organismo español ha reconocido que existe un intercambio frecuente de información con ambos servicios, incluidos asuntos relacionados con la inmigración irregular.
Sin embargo, la respuesta facilitada a la magistrada resulta insuficiente. De las más de veinte notas mencionadas, únicamente se ha aportado una comunicación del 29 de julio de 2026, cuyo contenido presenta las mismas tachaduras que figuraban en los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre.
Tardón considera especialmente urgente conocer el texto íntegro de esa nota porque podría permitir identificar a los responsables de grupos de WhatsApp y Facebook que fomentaron la entrada masiva de personas en territorio español.
Pero la investigación va más allá de las comunicaciones con Rabat. La magistrada también quiere conocer los nombres de las autoridades españolas que recibieron las alertas del CNI, así como las fechas y horas exactas en las que fueron informadas.
Las notas de inteligencia fechadas los días 27 y 30 de julio fueron distribuidas, según la respuesta del CNI, entre las autoridades y organismos correspondientes. No obstante, el organismo no ha precisado quiénes fueron sus destinatarios ni cuándo recibieron la documentación.
Por ello, Tardón exige un listado completo acompañado de certificaciones que acrediten la recepción efectiva de cada comunicación. Esta información permitiría establecer qué responsables institucionales conocían la convocatoria de entrada masiva y qué decisiones adoptaron, o dejaron de adoptar, antes de que se desencadenaran los acontecimientos.
El auto también cuestiona la falta de documentación sobre las investigaciones realizadas después de la crisis. El CNI reconoce que continuó investigando lo sucedido y que remitió informes actualizados a las autoridades, pero no ha identificado ni entregado esos documentos al juzgado.
La instructora reclama expresamente todos los informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos, elaborados desde el 30 de julio hasta la fecha de la resolución.
A esta documentación se suma otro informe que permanece bajo secreto. Se trata del documento elaborado el 4 de agosto por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), titulado "Evolución de la crisis en Ceuta", cuya entrega fue denegada por estar clasificado como reservado.
La magistrada considera indispensable acceder a ese análisis para completar la investigación judicial, que examina posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado.
Tardón también solicita autorización para interrogar como testigos a dos miembros del CNI que participaron en las comunicaciones con la Guardia Civil durante los días anteriores a la entrada masiva.
En concreto, pretende tomar declaración al jefe de la delegación del CNI en Ceuta, identificado con el número profesional 8281, y a un funcionario del CNI Central, identificado con el número 8188. Ambos mantuvieron contactos con agentes de la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil.
La magistrada recuerda que ya había reclamado información el 11 de septiembre y que posteriormente realizó un segundo requerimiento urgente, el 9 de octubre, sin obtener respuestas completas.
Ante esta situación, considera que resulta imprescindible levantar las restricciones derivadas del secreto oficial para evitar que la investigación continúe paralizada por la falta de documentación.
El auto advierte de que la clasificación de determinados documentos no puede convertirse en un obstáculo absoluto para investigar posibles delitos y recuerda que las decisiones del Gobierno sobre la desclasificación pueden ser sometidas a control judicial.
La petición sitúa ahora al Consejo de Ministros ante una decisión relevante: permitir el acceso judicial a los informes que podrían aclarar qué sabía España de los movimientos procedentes de Marruecos, cuándo llegaron las advertencias y qué actuación tuvieron las autoridades de ambos países durante la crisis de Ceuta.