Más de 189.000 hijos nacionalizados por la Ley de Nietos podrán votar: el Supremo rechaza suspenderles el voto

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Vox e Iustitia Europa de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 españoles nacionalizados como hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la conocida como Ley de Nietos. De esta forma, el Alto Tribunal descarta extender a este colectivo la medida que ya había adoptado sobre más de 163.000 nacionalizados por esta vía y mantiene el escenario electoral para los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión llega después de varios días de deliberaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha necesitado prácticamente una semana para resolver una cuestión que no ha sido pacífica entre los magistrados y que se ha visto condicionada por la cercanía de la cita con las urnas. A apenas 20 días de las elecciones, el Supremo considera materialmente imposible separar del censo a los hijos mayores de edad de los beneficiarios de la norma.

La petición de Vox e Iustitia Europa pretendía que la suspensión cautelar acordada para los progenitores se extendiera también a sus descendientes, al entender que debía comprobarse igualmente el origen de las nacionalidades concedidas a través de esta vía. La formación Iustitia Europa había reclamado que se aplicara a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) el mismo criterio de revisión utilizado para el colectivo anterior.

El origen de este conflicto se remonta al pasado 10 de septiembre, cuando el Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el censo exterior de los ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Nietos sin acreditar que sus ascendientes se vieron obligados a abandonar España por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación e identidad sexual durante el franquismo.

El Supremo consideró entonces que existía un riesgo para la transparencia y la fiabilidad del proceso electoral ante el incremento extraordinario de electores inscritos en el censo exterior. La medida afectó a más de 163.000 personas y fue posteriormente ratificada por la Sala, que rechazó el recurso presentado por la Abogacía del Estado para levantarla.

Ahora, sin embargo, los magistrados del Supremo han descartado extender esa suspensión a los 189.678 descendientes mayores de edad. El problema fundamental es la posibilidad de identificar a tiempo quiénes de ellos obtuvieron la nacionalidad por la vía vinculada a la Ley de Memoria Democrática y quiénes lo hicieron por otros procedimientos, antes de que se celebren las elecciones.