Iustitia Europa presenta su contrato electoral para el 29N: un tijeretazo a los privilegios políticos y una reforma de la Constitución

Iustitia Europa ha presentado su contrato electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una propuesta que pretende transformar el funcionamiento del Estado, reducir drásticamente el gasto político y modificar algunos de los pilares del actual sistema institucional. La formación liderada por Luis María Pardo plantea una profunda reforma constitucional, la eliminación de numerosos privilegios de los cargos públicos y un nuevo modelo de participación ciudadana.

El documento, de 28 páginas y estructurado en 15 grandes compromisos, sitúa la lucha contra la corrupción en el centro de su proyecto político. Bajo la premisa de superar lo que denomina el "régimen del 78", Iustitia Europa defiende que los ciudadanos recuperen el control de las instituciones y puedan exigir responsabilidades a sus representantes por el incumplimiento de sus promesas electorales.

Una de sus propuestas más llamativas consiste en convertir los compromisos electorales en obligaciones jurídicamente vinculantes. La formación plantea impulsar una regulación que permita retirar sueldos, dietas, subvenciones y otros beneficios públicos a aquellos representantes que incumplan sus compromisos, contemplando incluso su destitución. Se trata de una modificación que requeriría desarrollar un nuevo marco jurídico y resolver su encaje constitucional.

El programa también propone eliminar los aforamientos y la inmunidad parlamentaria de diputados, senadores y ministros para que respondan ante los tribunales ordinarios. A ello suma la elección directa del presidente del Gobierno mediante sufragio universal cada cuatro años, la implantación de circunscripciones uninominales con listas abiertas y la convocatoria de referéndums vinculantes a iniciativa de los ciudadanos.

Uno de los mayores recortes se concentra en la estructura política del Estado. Iustitia Europa propone reducir el número de ministerios a un máximo de siete, eliminar el 75% de los asesores políticos y rebajar un 20% las retribuciones de los cargos públicos.

El denominado "tijeretazo" incluye también la supresión de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronales, así como la eliminación del 80% de las subvenciones. La formación plantea cerrar más de 2.000 fundaciones, observatorios y organismos que considera innecesarios y reducir un 40% los entes públicos con competencias duplicadas. Las cifras de gasto y organismos que recoge el documento corresponden a las estimaciones del propio partido.

En materia judicial, el contrato electoral apuesta por modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sus integrantes sean designados por jueces y magistrados, sin intervención de los partidos políticos. También propone reformar la designación del fiscal general del Estado y del Tribunal Constitucional para reforzar, según la formación, su independencia.

Otra de las cuestiones más relevantes afecta a las relaciones internacionales. Iustitia Europa propone celebrar dos referéndums vinculantes para que los españoles decidan si desean permanecer en la Unión Europea y en la OTAN. El partido considera necesario recuperar competencias nacionales y revisar las obligaciones derivadas de la pertenencia a ambas organizaciones.

En el terreno económico, plantea establecer una cuota cero para los autónomos durante sus primeros cuatro años de actividad y eliminar la obligación de cotizar durante los meses sin ingresos. En vivienda, propone suprimir el IVA en la compra de la primera residencia, incentivar el acceso a la propiedad y garantizar el desalojo de ocupantes ilegales en menos de 24 horas desde la denuncia, una medida que exigiría cambios legales.

La inmigración constituye otro de los ejes de su contrato electoral. La formación defiende reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla, desplegar efectivos militares para controlar las entradas irregulares, endurecer las expulsiones y modificar los procedimientos de asilo.

Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, propone equiparar los salarios de policías nacionales y guardias civiles con los de las policías autonómicas y locales. También plantea consultar a los miembros de la Guardia Civil mediante un referéndum interno sobre la posibilidad de transformar la institución en un cuerpo de naturaleza civil.

El programa incorpora, además, medidas para retirar los contenidos que el partido considera ideológicos de la enseñanza, integrar las terapias naturales en el sistema sanitario y modificar la política energética mediante una mayor apuesta por la energía nuclear y el gas.

En el sector primario, Iustitia Europa propone derogar numerosas disposiciones vinculadas a la política medioambiental y agraria, entre ellas las relativas al Pacto Verde Europeo, la Ley de Bienestar Animal y la Ley de la Cadena Alimentaria.

La formación también reclama limitar a dos mandatos el ejercicio de los principales cargos políticos y eliminar determinados privilegios de antiguos altos responsables institucionales, como oficinas, chóferes, asesores y pensiones especiales.

Con este contrato electoral, Luis María Pardo busca situar la reforma del sistema político y la lucha contra la corrupción en el centro de la campaña del 29-N, mediante un conjunto de propuestas que, para poder aplicarse, necesitarían importantes modificaciones constitucionales y legislativas.