La UCO entra en Igualdad por el escándalo de las pulseras antimaltrato y la Fiscalía Europea investiga fraude de 100 millones

La investigación sobre la contratación de las pulseras antimaltrato ha llegado hasta el Ministerio de Igualdad. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede del departamento que dirige Ana Redondo para recabar documentación relacionada con un posible fraude en la adquisición de estos dispositivos. La investigación está dirigida por la Fiscalía Europea, que ha confirmado que indaga en el posible uso irregular de fondos europeos.

La actuación no se ha limitado al Ministerio de Igualdad. Los agentes de la UCO también han acudido al Tribunal de Cuentas, que había examinado los contratos del sistema de seguimiento telemático y advertido de "graves deficiencias" en los procedimientos de contratación y control. La Fiscalía Europea busca documentación para esclarecer si se produjo un uso irregular del dinero procedente de la Unión Europea. Por el momento, la investigación no supone que se haya acreditado la existencia de un delito ni que haya responsables identificados.

El caso afecta a contratos que, según el análisis del órgano fiscalizador, suman 102,6 millones de euros. El Tribunal de Cuentas detectó problemas en la contratación y el seguimiento del sistema correspondientes a los ejercicios de 2018, 2021 y 2023. De esa cantidad, 42,6 millones corresponden al contrato de 2023, financiado parcialmente con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El informe puso el foco en la necesidad de que la calidad del servicio prevaleciera sobre el ahorro de costes. "La calidad del servicio debe primar sobre el ahorro de costes y garantizarse la mejor tecnología disponible", subrayó el organismo fiscalizador sobre las pulseras antimaltrato. También examinó un contrato menor por importe de 12.706,21 euros.

La investigación de la Fiscalía Europea se produce después de una larga polémica por los problemas detectados en el funcionamiento de los dispositivos de pulseras antimaltrato. En 2024 saltaron las alarmas por las incidencias del sistema utilizado para controlar las órdenes judiciales de alejamiento y proteger a las víctimas de violencia de género y sexual.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, alertó en enero de 2024 a la entonces ministra Ana Redondo de los riesgos que podían entrañar las nuevas pulseras antimaltrato si no se cumplían las garantías necesarias. También la Fiscalía había advertido de "múltiples fallos" en los dispositivos.

El Ministerio de Igualdad negó inicialmente que existiera un problema generalizado y trató de limitar el alcance de las incidencias a "casos puntuales". Sin embargo, las deficiencias de las pulseras antimaltrato terminaron situándose en el centro del debate sobre la eficacia del sistema y la gestión de los contratos públicos. Ahora, la entrada de la UCO en Igualdad y en el Tribunal de Cuentas abre una nueva fase: la Fiscalía Europea trata de esclarecer si, además de los problemas técnicos y administrativos detectados, pudo existir un fraude relacionado con el dinero europeo empleado en estos contratos.