Sánchez aumenta los fondos municipales, pero deja pendiente la reforma que reclaman los ayuntamientos

Ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez dejan una paradoja en la Administración local: las transferencias estatales han aumentado y la deuda municipal ha descendido, pero los ayuntamientos siguen reclamando un nuevo modelo de financiación. El verdadero agujero está por determinar: cuánto cuesta mantener los servicios públicos y qué parte de ese esfuerzo están asumiendo los municipios con recursos propios. Lo cierto es que las corporaciones locales están sufriendo desequilibrios financieros como consecuencia de que Sánchez no atiende la necesidad de las reformas planteadas por la FEMP para adecuar la financiación al coste de los servicios.

Los ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano. Recogen la basura, mantienen calles y parques, gestionan instalaciones, prestan servicios sociales, atienden emergencias y sostienen buena parte de la actividad cotidiana de pueblos y ciudades. Cuando se habla de financiación, la Administración local suele quedar en un segundo plano, lo que hace que, ocho años después de la llegada de Sánchez, el debate sobre su financiación siga abierto. La FEMP reclama una reforma integral del sistema de financiación local, mientras los municipios afrontan el encarecimiento de los servicios, nuevas necesidades sociales y mayores exigencias de mantenimiento e inversión.

El primer dato que debe reconocerse es que las transferencias estatales a las entidades locales han aumentado de forma considerable. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado pasaron de unos 18.057 millones de euros en 2018 a 29.247 millones en 2026, lo que supone un incremento que supera los 11.000 millones y representa un 62% en términos nominales. Estas transferencias no representan todos los ingresos municipales y una subida nominal no equivale a una mejora de la capacidad real de gasto.

La inflación, el coste de la energía, los salarios, los contratos de limpieza, transporte y mantenimiento, así como el precio de las obras, han encarecido la prestación de los servicios públicos. Esto obliga a comparar el aumento de los recursos con la evolución de los costes y de las obligaciones municipales.

La comparación nacional de las liquidaciones presupuestarias entre 2018 y 2024 apunta a un crecimiento del gasto municipal del 28,4%. Los gastos corrientes habrían aumentado un 32,3% y las inversiones reales, un 50,2%, mientras que las transferencias corrientes recibidas crecieron un 55%. Estos datos nos llevan a la conclusión de que los ayuntamientos han manejado más recursos y afrontado un volumen de gasto mayor, aunque no permiten cuantificar si el incremento de los ingresos ha cubierto el coste real de los servicios.

Un indicador importante es la deuda viva de los municipios, que al cierre de 2018 ascendía a 20.952 millones de euros. A 31 de diciembre de 2025, la cifra se había reducido hasta los 16.218 millones, lo que supone una disminución del 22,6%, con la particularidad de que 5.243 de los 8.132 municipios no registraban deuda viva en 2025.

La principal reivindicación de las corporaciones locales es la actualización del modelo de financiación local, que, según la FEMP, necesita una revisión profunda para atender sus necesidades. En octubre de 2025, la federación reclamó por unanimidad medidas sobre estabilidad presupuestaria, flexibilización de la regla de gasto, utilización de los superávits y certidumbre sobre las entregas a cuenta. Exigió, además, la reforma sin demora del sistema de financiación de las entidades locales y recordó que el modelo no se había revisado de forma integral desde 2002. Obtuvo el compromiso de Pedro Sánchez de convocar la Comisión Nacional de Administración Local, cuya reunión sigue pendiente.

Lo importante de esta reclamación no es cuánto dinero transfiere el Estado cada año, sino cómo se distribuye, qué criterios se utilizan, qué capacidad tienen las entidades locales para gestionar sus recursos y qué financiación acompaña a las obligaciones que reciben. A ello se suma la petición de una mayor flexibilidad para que puedan destinar sus superávits a inversiones sostenibles, con el fin de evitar que las administraciones con capacidad financiera encuentren obstáculos para utilizar los recursos disponibles en actuaciones que consideren necesarias.

Otro de los asuntos delicados es el de las llamadas competencias impropias, que suponen atender necesidades de los vecinos sin contar con financiación suficiente o asumir funciones atribuidas a otra Administración. Respecto a las competencias delegadas, la legislación establece una garantía concreta: el artículo 27.6 de la LBRL dispone que la delegación debe ir acompañada de financiación y contar con una dotación presupuestaria adecuada y suficiente en la Administración delegante. Sin esa dotación, la delegación es nula.

Respecto a los fondos europeos, entre 2021 y 2023 se asignaron 391 millones de euros a la transformación digital y la modernización de las entidades locales. Según la convocatoria fiscalizada, se distribuyeron 89,4 millones entre 145 ayuntamientos.

Para completar el balance de estos ocho años, hay que incorporar indicadores como la cuenta 413, que recoge las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. Permite detectar gastos y servicios recibidos que todavía no se han incorporado formalmente a la ejecución presupuestaria. No equivale por sí sola a deuda vencida, pero revela tensiones de gestión y obligaciones pendientes.

Visto lo visto, y ante la inacción de Pedro Sánchez respecto a las reformas que demanda la FEMP, que afectan a la calidad de los servicios públicos que reciben millones de ciudadanos, dejamos una pregunta en el aire: ¿quién está pagando realmente la factura de los ayuntamientos?