Sánchez deja a Andalucía una factura millonaria por su modelo de financiación autonómica

Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, denuncia un déficit de recursos de 1.528 millones de euros en 2023 como consecuencia de la infrafinanciación a la que se ha visto sometida durante el Gobierno de Pedro Sánchez, las inversiones estatales pendientes en agua y carreteras y la existencia de un debate abierto sobre el reparto de los fondos europeos, en un contexto de necesidades crecientes en materia de sanidad y servicios públicos.

Andalucía llega a estas elecciones de noviembre de 2026 con una reclamación que resume la manera de gobernar de Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de cubrir la necesidad de una financiación autonómica suficiente, plantear unas inversiones estatales acordes con su peso demográfico y económico, ni garantizar un reparto territorial de los recursos públicos que asegure la igualdad entre los ciudadanos. Este comportamiento del Gobierno de Sánchez hace que la comunidad haya seguido arrastrando problemas estructurales que afectan a su capacidad de desarrollo.

Al ser la comunidad más poblada de España, las necesidades de Andalucía en sanidad, educación, materia hidráulica e infraestructuras requieren una financiación que no solo tenga en cuenta el número de habitantes, sino también la extensión territorial, el envejecimiento de determinadas zonas y las dificultades que se generan para prestar servicios públicos en los municipios más dispersos.

Si nos preguntáramos cuánto ha dejado de recibir Andalucía durante estos años de Gobierno de Sánchez y qué oportunidades económicas ha perdido, vayamos a los estudios realizados por FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y comprobaremos que el modelo de financiación fue aprobado en 2009, en época de Zapatero, sin que el actual presidente del Gobierno haya corregido ninguna de las desigualdades que arrastra Andalucía. Los datos de financiación por habitante ajustado sitúan reiteradamente a la comunidad por debajo de la media de las comunidades de régimen común.

En 2023, la comunidad recibió 3.208 euros por habitante ajustado, frente a los 3.390 euros de media del resto de las comunidades, lo que representa, según la Junta y a partir de las liquidaciones oficiales, unos 1.528 millones de euros menos percibidos respecto a la financiación media que le habría correspondido. Esta cantidad, notablemente relevante para una comunidad que debe sostener los servicios de casi nueve millones de habitantes, reduce, a su pesar y por dejación de la Administración central, su capacidad para contribuir al refuerzo de hospitales, centros de salud, educación, dependencia y políticas de empleo, además de limitar la posibilidad de aumentar la inversión en infraestructuras.

Esta situación adquiere todavía más trascendencia cuando se compara con las negociaciones mantenidas por el Gobierno central con Cataluña. La "financiación singular" que ofrece Sánchez para esta comunidad ha abierto un debate sobre la igualdad territorial y el riesgo de que los acuerdos políticos bilaterales terminen generando diferencias en los recursos de las distintas comunidades.

Con respecto a los fondos europeos, aunque Andalucía no ha quedado excluida de este programa y ha recibido asignaciones millonarias, ello no significa que el dinero recibido se haya convertido en inversión efectiva. Existe una diferencia entre los fondos asignados, convocados, resueltos y finalmente pagados. A 31 de mayo de 2025, Andalucía tenía asignados 4.329 millones de euros a través de la gestión autonómica. De ellos, se habían convocado 2.962 millones y resuelto 1.937 millones.

Por su parte, la Junta comunicó que había comprometido 3.239 millones respecto a los fondos recibidos hasta esa fecha, mientras que las subvenciones convocadas ascendían a 2.099 millones y los pagos realizados, a 910 millones.

El análisis de estas cifras pone de manifiesto que la asignación de recursos no se corresponde necesariamente con su llegada efectiva a empresas y ciudadanos. La Junta ha cuestionado las dificultades administrativas y el diseño centralizado de algunas convocatorias, que han complicado el acceso de las pequeñas y medianas empresas.

Ante esta situación, resulta necesario conocer qué proyectos han avanzado, cuáles se han retrasado y qué cantidades pueden quedar sin ejecutar dentro de los plazos europeos.

El desafío del agua

Para Andalucía, sin lugar a dudas, el agua supone uno de sus mayores desafíos estratégicos. La sequía casi continua, la irregularidad de las precipitaciones y las necesidades de la agricultura, especialmente de la industria agroalimentaria, y del turismo convierten las infraestructuras hidráulicas en una demanda prioritaria: nuevas conducciones, desaladoras, conexiones entre sistemas, embalses, depuración y modernización de regadíos.

Numerosos proyectos llevan años acumulando retrasos, como sucede con la presa de Alcolea, en Huelva, cuya construcción permanece paralizada desde hace años, con una ejecución de obra de apenas el 23 %. A ello se suma un coste de 721 millones de euros correspondiente a otras actuaciones hidráulicas pendientes de ejecutar.

La Junta de Andalucía recoge en los presupuestos de 2026 una estimación de 15.773 millones de euros como deuda atribuible a la infrafinanciación acumulada, lo que refleja el impacto que puede tener un sistema insuficiente durante un periodo prolongado.

Ante todo esto, cabe preguntarse cuáles son las justificaciones de Pedro Sánchez ante este trato discriminatorio que ha dado a Andalucía. Más si cabe cuando su número dos en el partido y exministra de Hacienda reclamaba al Gobierno de Rajoy 4.000 millones de euros de financiación para equiparar el déficit de la región y, posteriormente, nunca los aplicó ni los concedió.

Quizás por motivaciones derivadas de la derrota que sufrió su partido en las urnas en las elecciones autonómicas, ahora se sienta como líder de la oposición en el Parlamento andaluz, reclamando a Juanma Moreno no sabemos bien qué, pero sí sabemos la razón partidista que le inspira.