El nuevo juez del caso Begoña Gómez activa una medida de urgencia para blindar las pruebas del 'software'
Carlos Valle, sustituto de Peinado, reclama a Google que preserve los archivos ante el silencio de una de las empresas que participó en el desarrollo de la plataforma de la Complutense.

El nuevo juez del caso Begoña Gómez ordena a Google preservar y blindar las pruebas digitales relacionadas con la investigación para evitar que puedan perderse, alterarse o eliminarse.
El caso Begoña Gómez sigue sumando actuaciones judiciales tras la jubilación del juez Juan Carlos Peinado. Su sustituto provisional al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Carlos Valle, ha adoptado una medida de urgencia para garantizar la conservación de los archivos del software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El magistrado ha ordenado a Google que no elimine los archivos informáticos vinculados a los proyectos investigados, después de que el juzgado no haya recibido respuesta de Devoteam Drago, una de las empresas que participaron en el desarrollo de la plataforma tecnológica.
La resolución pone el foco en la desconexión de la consola de Google Cloud respecto a los proyectos relacionados con el programa informático. Ante esta situación, Valle ha decidido intervenir para evitar que pueda perderse información relevante para el procedimiento judicial.
"Dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia", recoge expresamente la providencia del magistrado.
La decisión llega cuando Begoña Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, ya han sido enviadas a juicio por Peinado.
Precisamente, Devoteam Drago confirmó durante la instrucción que se celebraban reuniones semanales de seguimiento del proyecto tecnológico. En esos encuentros participaba Cristina Álvarez, cuya intervención fue uno de los indicios valorados por el anterior instructor para fundamentar el presunto uso irregular de recursos públicos.
Peinado puso el foco en la participación de una empleada pública de Presidencia del Gobierno en actividades relacionadas con el proyecto universitario de la esposa de Pedro Sánchez, así como en el supuesto desvío del programa informático desarrollado en el seno de la Complutense.
Begoña Gómez se enfrenta a una acusación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, mientras que Cristina Álvarez deberá responder por un presunto delito de malversación. Ambas defensas niegan la existencia de los delitos.
La acusación popular, encabezada por la asociación Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asesora en La Moncloa.