El Gobierno suma dos nuevas querellas por adjudicar sin concurso contratos de 7.240 millones a Indra y Escribano
El empresario Manuel Revuelta Lucera denuncia presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude y cuestiona que el Ejecutivo financiara a las empresas dos meses antes de adjudicarles los contratos.

El ex presidente de Indra, Ángel Escribano.
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de una iniciativa judicial por la gestión de fondos públicos. El empresario Manuel Revuelta Lucera, accionista minoritario de Indra, ha presentado dos querellas criminales que cuestionan la adjudicación de dos programas de artillería autopropulsada a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Ambas acciones judiciales, fechadas el 17 de noviembre de 2026, apuntan a presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración en una operación que asciende a 7.240 millones de euros.
Una de las querellas ha sido presentada ante el Tribunal Supremo y tiene entre sus destinatarios a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Jordi Hereu, además de otros miembros del Ejecutivo, funcionarios y responsables empresariales. La otra se dirige al Tribunal de Instancia de Madrid y señala directamente a seis altos cargos del Ministerio de Defensa y a representantes de las compañías adjudicatarias.
Financiación millonaria antes de la adjudicación
El origen de las acusaciones se encuentra en una decisión adoptada por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2025. A través del Real Decreto 915/2025, el Ejecutivo autorizó una financiación de 3.002 millones de euros para la alianza empresarial formada por Indra y Escribano.
De esa cantidad, 1.181 millones correspondían al programa de artillería sobre ruedas y 1.821 millones al de cadenas. Según el empresario, los préstamos fueron concedidos al 0% de interés, sin garantías y con unas condiciones de devolución que, por regla general, se posponían hasta 2031.
Sin embargo, los contratos que debían respaldar aquella financiación no fueron adjudicados hasta el 19 de diciembre de 2025. Defensa concedió entonces 2.686 millones de euros para el primero de los programas y 4.554 millones para el segundo.
Esta cronología constituye uno de los principales argumentos de Revuelta, que sostiene que las empresas beneficiarias habían sido seleccionadas antes de iniciarse los expedientes de contratación. La norma aprobada por el Ejecutivo contemplaba, no obstante, la posibilidad de anticipar fondos bajo determinadas condiciones.
La exclusividad técnica, cuestionada
El Ministerio de Defensa recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad en el que únicamente se presentó una oferta. Para ello, se acogió al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite excepciones en materia de contratación por motivos de seguridad nacional.
La cartera de Margarita Robles justificó la decisión argumentando que Indra y Escribano constituían la única agrupación empresarial técnicamente capacitada para desarrollar los programas.
Las querellas cuestionan esta circunstancia mediante un informe pericial firmado por el doctor ingeniero de Armamento Manfredo Monforte Moreno, que identifica a otras compañías del sector con capacidad potencial para participar en los proyectos, entre ellas Santa Bárbara Sistemas, Rheinmetall, KNDS y BAE Systems.
Otro de los aspectos que pone en cuestión el empresario es la participación de la compañía surcoreana Hanwha Aerospace, que interviene en la fabricación de los vehículos y proporciona la licencia tecnológica para su posterior producción en territorio español.
Seis altos cargos de Defensa señalados
Entre los responsables ministeriales contra los que se dirige la segunda querella figuran la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce; el director general de Armamento y Material, Aniceto Rosique Nieto; el director general de Asuntos Económicos, José Luis Sánchez Martínez; los subdirectores generales José María Belluga Capilla y José Antonio Gutiérrez Sevilla, y la interventora general de Defensa, María Teresa Gordillo López.
Revuelta reclama que la Justicia recabe los expedientes de contratación, la documentación relativa a los préstamos, los informes técnicos y presupuestarios y las comunicaciones internas que precedieron a la selección de las empresas.
También solicita que se ratifique el informe pericial y que declaren representantes de otras compañías del sector armamentístico.
El negocio millonario de Indra
Las adjudicaciones se produjeron cuando Ángel Escribano ocupaba la presidencia de Indra y su familia controlaba simultáneamente EM&E. Esta circunstancia ya había provocado enfrentamientos entre Revuelta y la dirección de la compañía por un posible conflicto de intereses.
Durante 2025, las uniones empresariales de Indra y Escribano consiguieron contratos de Defensa por valor de 7.610 millones de euros, prácticamente una cuarta parte del volumen total contratado por el ministerio durante aquel ejercicio.
En abril de 2026, Ángel Escribano abandonó la presidencia de Indra tras las exigencias de la SEPI para resolver el conflicto de intereses. Un mes después, los hermanos Escribano vendieron su participación del 14,3% en la cotizada, valorada en aproximadamente 1.315 millones de euros.
Las dos nuevas querellas están pendientes de admisión a trámite y, por el momento, ningún órgano judicial ha avalado las acusaciones formuladas por el empresario.