El caso del fiscal general: censura y borrado de mensajes
Todo suena a entramado delincuencial, a película de la mafia. Muy sospechoso, desde luego, y muy inquietante que estas cosas puedan suceder en una democracia de la Unión Europea

Félix Bolaños y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acuden a un acto juntos.
El fiscal general del Estado ha intentado que no se pueda informar sobre su caso en la prensa. Así, como suena. Su abogado dirigió un escrito al juez instructor Ángel Hurtado para pedirle que tomara “las decisiones oportunas para impedir la difusión en los medios de comunicación” de informaciones sobre la investigación por revelación de secretos que se sigue contra él en el Tribunal Supremo.
Por suerte, la cordura imperó y el juez se negó en rotundo aludiendo a la libertad de expresión, pilar básico de una democracia. Es cierto que Álvaro García Ortiz se está defendiendo y que en ese ejercicio de defensa puede pedirle al juez lo que estime oportuno, incluso algo tan descabellado como imponer una suerte de censura a los medios de comunicación para que él no sufra un “juicio paralelo”. También es cierto que como el que se defiende es el fiscal general del Estado porque García Ortiz se niega a dimitir, hay que exigirle que se comporte a la altura de su cargo. Es decir, debe actuar ante esta investigación como fiscal general y no como un ciudadano apellidado García Ortiz.
Que todo un fiscal general actúe como lo está haciendo él es una anomalía democrática preocupante. No es de recibo que cambiara su teléfono móvil en plena investigación, tampoco lo es que se negara a responder al juez cuando fue citado a declarar y mucho menos que le acusara de actuar con ideas preconcebidas.
Tampoco es normal que Pedro Sánchez y sus ministros defiendan a capa y espada al imputado fiscal general. No tiene sentido salvo que se estén protegiendo mutuamente. Eso explicaría también que el propio presidente del Gobierno cambiara su número de teléfono casi a la vez que el fiscal general, tras seis años con el mismo. Y eso explicaría las inquietantes revelaciones que hemos conocido en las últimas horas. La última, la de Isabel Díaz Ayuso denunciando que sus mensajes de WhatsApp con Pedro Sánchez han sido borrados de su teléfono móvil sin su consentimiento. Y la penúltima, el borrado de mensajes de miembros del Gobierno del teléfono de Víctor Aldama.
Censura, borrado de mensajes, destrucción de teléfonos móviles… Todo suena a entramado delincuencial, a película de la mafia. Muy sospechoso, desde luego, y muy inquietante que estas cosas puedan suceder en una democracia de la Unión Europea en pleno siglo XXI.