Menores no, gracias: más privilegios para Cataluña y el País Vasco

El acuerdo entre el Gobierno y Canarias para el reparto de 4.000 menores migrantes por el resto del país ha despertado numerosas preguntas. Más allá de la necesidad humanitaria y de la urgente solución a la crisis de acogida en el archipiélago, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco han quedado fuera del reparto. Una casualidad que, como tantas otras en política, resulta llamativamente conveniente.

El argumento oficial para esta exclusión radica en criterios técnicos y de capacidad de acogida. Sin embargo, es inevitable notar que estas dos comunidades coinciden con los feudos políticos de los socios independentistas del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), de cuyo apoyo depende la estabilidad del Ejecutivo. Si bien no hay una confirmación explícita de que esta decisión obedezca a un cálculo político, la duda es lógica y válida.

No es la primera vez que la gestión de la inmigración se convierte en una herramienta política. Lo hemos visto antes con la distribución de refugiados, con el cierre de centros de acogida o con el reparto de fondos para la atención a migrantes. En este caso, la decisión de excluir a Cataluña y el País Vasco podría interpretarse como un intento de evitar conflictos con aliados clave, garantizando así una relación fluida que mantenga el equilibrio de poder.

Sin embargo, esta postura no está exenta de críticas. Si el Gobierno establece que el reparto de menores debe ser equitativo entre las comunidades, entonces no debería haber excepciones que, de manera casual o intencional, beneficien a unos sobre otros. Excluir a Cataluña y al País Vasco no solo plantea dudas sobre la verdadera imparcialidad de la medida, sino que también abre la puerta a nuevas tensiones entre autonomías.

Es cierto que la gestión migratoria es compleja y que cualquier decisión en este ámbito estará sujeta a debate. Pero cuando las casualidades políticas se acumulan, es razonable preguntarse si realmente son tales o si, en realidad, estamos ante un nuevo episodio de estrategia gubernamental disfrazado de gestión administrativa.