editorial
Golpe a la Justicia: los jueces amenazan con huelga ante el asalto de Sánchez a su independencia
España no puede tolerar un Poder Judicial bajo asedio. La independencia de los jueces es el último bastión contra el abuso de poder
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La justicia española vive una encrucijada sin precedentes. Las asociaciones de jueces y fiscales han levantado la voz contra lo que consideran un ataque frontal a su independencia, orquestado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. La reforma judicial impulsada por el ministro Bolaños, que pretende alterar el funcionamiento del Poder Judicial, ha desatado una tormenta. Los togados no solo denuncian un intento de politizar la justicia, sino que amenazan con una huelga que podría paralizar los tribunales, un hecho histórico en nuestra democracia.
El núcleo de esta crisis es evidente: acosado por casos de corrupción que salpican a su entorno, Sánchez busca controlar la instrucción de los sumarios y los puestos clave del Poder Judicial. Las críticas al juez Peinado por investigar el caso de Begoña Gómez,
junto a los intentos de reformar el Consejo General del Poder Judicial, revelan una estrategia para someter a los jueces a los intereses del PSOE. Este “golpe letal” al sistema judicial, como lo califican las asociaciones, no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que amenaza la separación de poderes, fundamento esencial de cualquier democracia.
La Comisión Europea ha exigido al Gobierno que detenga los ataques a los jueces, subrayando la importancia de preservar la imparcialidad judicial. Sin embargo, Sánchez ignora estas advertencias, intensificando un clima de polarización que debilita las instituciones. La amenaza de huelga no es un gesto vacío: es el grito de quienes ven peligrar su capacidad de impartir justicia sin presiones políticas.
España no puede tolerar un Poder Judicial bajo asedio. La independencia de los jueces es el último bastión contra el abuso de poder. Si Sánchez, acorralado por la corrupción, persiste en su afán de control, no solo estará atacando a la justicia, sino al corazón de nuestra democracia. Es imperativo que el Gobierno rectifique y respete la separación de poderes, antes de que el daño sea irreversible.