Zapatero sustituye a Cerdán como 'embajador' de Sánchez ante Puigdemont: de mal en peor

La decisión de sustituir a Santos Cerdán, envuelto en un escándalo de presunta corrupción, por José Luis Rodríguez Zapatero como negociador con Carles Puigdemont no solo es un error, sino una afrenta a la moralidad y, posiblemente, a la legalidad. Negociar con un prófugo de la Justicia como Puigdemont es, de por sí, una acción cuestionable. Pero que quien lo haga sea un ex presidente del Gobierno, y además bajo sospecha de corrupción, convierte esta situación en un disparate de proporciones históricas.

Zapatero, conocido por su cercanía con Nicolás Maduro, se encuentra en el punto de mira por las graves acusaciones de Víctor de Aldama. En una reciente aparición televisiva, Aldama sugirió que Zapatero estaría implicado en actividades dudosas relacionadas con el régimen venezolano, incluyendo supuestos viajes y relaciones que lo vinculan a asuntos turbios. Estas acusaciones no son aisladas; los señalados por Aldama han ido cayendo uno tras otro, y ahora el foco está sobre Zapatero. Su papel como "facilitador" en Venezuela, lejos de ser un mérito, lo asocia con un régimen autoritario y corrupto, lo que lo convierte en un negociador poco creíble.

Pero el problema va más allá de la credibilidad. Negociar con un prófugo de la Justicia es inmoral. Ir a su guarida, como se ha sugerido, es aún más grave. Y que lo haga un ex presidente del Gobierno, alguien que debería ser un ejemplo de integridad, es una burla al Estado de Derecho. Esta acción no solo compromete la seriedad de las negociaciones, sino que también envía un mensaje peligroso: que la política española está dispuesta a transigir con la impunidad y la corrupción.

Además, negociar con Puigdemont siempre implica pagar un precio muy alto para el interés general de España. La amnistía, un ejemplo claro de este costo, ha demostrado cómo se sacrifican principios fundamentales por mantener una frágil estabilidad política. Este tipo de concesiones no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también perpetúan la idea de que la impunidad es negociable. Zapatero, con su historial y sus sospechas de corrupción, no solo no mitiga este riesgo, sino que lo amplifica.

En un momento en el que la sociedad exige transparencia y respeto por la ley, esta decisión no es un avance, sino un retroceso. Es inmoral, quizás ilegal, y profundamente dañino para la imagen de España. Zapatero no llena ningún vacío; simplemente profundiza la crisis. De mal en peor, esta sustitución refleja una falta de liderazgo y un desprecio por los principios básicos de la democracia.