Sánchez se topa con Europa: la amnistía se aprobó por su interés personal

La justicia española, respaldada por la Comisión Europea, está a punto de doblegar a Pedro Sánchez y su maniobra de corrupción política: la Ley de Amnistía de mayo de 2024, diseñada para comprar su investidura a cambio de impunidad para los delitos del “procés” catalán. Sánchez, quien en 2019 calificó la amnistía como inconstitucional, ha sacrificado la justicia y la cohesión social por su supervivencia política, mientras un Tribunal Constitucional (TC) contaminado por su influencia enfrenta un ridículo histórico si el TJUE tumba la ley.

La Comisión Europea, a través de Carlos Urraca Caviedes, denunció ante el TJUE que la amnistía “no responde a un interés general”, sino que es una “autoamnistía” nacida de un pacto con Junts per Catalunya, liderado por Carles Puigdemont, para asegurar los votos de la investidura de Sánchez tras las elecciones de 2023. Este acuerdo, carente de referencias a la reconciliación, es un claro ejemplo de corrupción política: impunidad a cambio de poder. La Comisión de Venecia, en su informe de marzo de 2024, criticó la tramitación urgente de la ley, que eludió consultas y asesoramientos, y su amplio alcance (2011-2023), que podría encubrir delitos ajenos al “procés”, recomendando una reforma constitucional para garantizar su legitimidad.

El TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido y plagado de magistrados afines al Gobierno, validó la ley basándose en su exposición de motivos, ignorando su contexto político. Esta decisión, que la Comisión Europea calificó de insuficiente, pone al TC al borde de un ridículo monumental si el TJUE, como parece probable, declara la amnistía contraria al derecho de la UE. La Comisión Europea instó a los jueces españoles a “inaplicar” la ley, señalando que su plazo de dos meses para aplicarla presiona indebidamente al poder judicial y que su vaguedad en delitos como el terrorismo viola directivas europeas.

Tribunales como el de Cuentas y la Audiencia Nacional han elevado 17 preguntas al TJUE, reflejando la resistencia de la justicia española a una norma que Sánchez, en un giro de oportunismo, defendió tras haberla rechazado. La Comisión de Venecia subrayó que las amnistías deben respetar los estándares democráticos, y esta, al beneficiar a aliados políticos, los vulnera. Si el TJUE tumba la ley, Sánchez no solo habrá perdido su apuesta por el poder, sino que habrá expuesto su corrupción política y la fragilidad de un TC subordinado a sus intereses.