Juicio histórico al fiscal general de Sánchez: escándalo jurídico y político

El inicio del juicio penal contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado nombrado por Pedro Sánchez, marca un hito inédito en la democracia española. Acusado de revelación de secretos en un caso que salpica al entorno de Isabel Díaz Ayuso, este proceso expone grietas judiciales y desata un doble escándalo: jurídico por vicios procesales y político por interferencia gubernamental. Lo que debería ser rendición de cuentas se convierte en un espectáculo que erosiona la confianza institucional. 

Jurídicamente, arrastra dudas graves que lo hacen susceptible de nulidad total. La jerarquía de la Fiscalía genera un conflicto insanable: un subordinado debe acusar a García Ortiz, pero su petición de archivo lo posiciona como defensor más que como Ministerio Público. Queda la duda del condicionamiento por el superior, contraviniendo la jurisprudencia del TEDH y TJUE sobre la imparcialidad objetiva. Sin fiscal independiente, se celebraría de facto sin Ministerio Público, invalidándolo y abriendo recursos al Constitucional o Europa. 

El rechazo de García Ortiz a dimitir agrava el vacío legal: resulta inédito juzgar a un fiscal general en activo, comprometiendo las garantías mínimas. Un desastre que daña el prestigio judicial, un terremoto para la ciudadanía y para la imagen de nuestro país.

Políticamente, el Gobierno de Sánchez interfiere sin pudor. El presidente respalda públicamente inocencia de su fiscal, exigiendo la dimisión de Ayuso como forma de contraataque que politiza el juicio. Esta defensa incondicional, en la vorágine de corrupción del Ejecutivo, alimenta las sospechas de blindaje: PSOE debate el cese, pero Sánchez lo frena por lealtad. La oposición clama el cese inmediato, tildando de bochorno y acusando a Sánchez de importar corrupción, como denuncia Ayuso. 

Las reacciones políticas estallan en indignación: el Ejecutivo aplaude a su hombre, la ciudadanía ve un circo que Sánchez admite en Senado, evadiendo su responsabilidad en filtraciones y favoritismos. Este juicio no es un episodio aislado, sino que es el síntoma de Justicia instrumentalizada por poder. García Ortiz, reacio por completo a dimitir pese a las evidencias, encarna el empecinamiento sanchista: el fiscal convertido en un peón político.

Si el juicio se celebra en estas circunstancias, el descrédito es irreversible, proyectando a España como un Estado fallido ante Europa. Urge la dimisión inmediata de García Ortiz y una investigación independiente para restaurar fe en Estado de derecho. De lo contrario, este callejón sin salida devorará la neutralidad judicial. La historia juzgará a Sánchez por silencio cómplice.