El ciudadano González Amador, destruido por el fiscal general de Sánchez por ser novio de Ayuso

En las frías salas del Tribunal Supremo se ha escenificado uno de los episodios más sórdidos de la deriva autoritaria del sanchismo. Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado con voz quebrada: "El fiscal general del Estado me ha matado públicamente". No es una hipérbole retórica, sino la cruda verdad de un ciudadano anónimo convertido en chivo expiatorio por ser pareja de la presidenta de Madrid, némesis del progresismo oficial.

Recordemos los hechos, sin adornos. En febrero de 2024, la Fiscalía Anticorrupción, bajo el mando de Álvaro García Ortiz –nombrado a dedo por Pedro Sánchez–, acusa a González Amador de defraudar 350.000 euros a Hacienda. Un caso fiscal, rutinario en su origen, que podría haberse resuelto con un acuerdo extrajudicial: el propio Amador admitió haber valorado meses de cárcel a cambio de cerrar el expediente. Pero no. El fiscal general, ese guardián supuestamente imparcial de la ley, opta por la vía escénica: filtraciones selectivas a la prensa, bulos orquestados y una exposición mediática que destroza la reputación de un hombre inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Las filtraciones coinciden con el auge de Ayuso como baluarte de la derecha, justo cuando Sánchez patina en las urnas y busca enemigos para unir a su heterodoxa coalición. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, lo dejó claro en su testimonio: "Dije que el fiscal general iría p'alante. No era desacertado". García Ortiz, con gestos de incredulidad fingida en el banquillo, no es un jurista errático; es un peón en el tablero de Moncloa.

Este no es un caso aislado. Es el patrón del sanchismo que manipula, retuerce y utiliza las instituciones a su antojo y a su servicio. González Amador ha podido cometer un fraude a Hacienda -los tribunales lo dirán- pero no defraudó millones como los ERE andaluces ni blanqueó fortunas como los casos de la trama Koldo. Su caso es uno más, como reconoció el fiscal Julián Salto, si no fuera por un detalle: es la pareja de Ayuso. Por eso lo han crucificado en la plaza pública, sin juicio previo, sin piedad, para, a través suyo, atacar a la presidenta de la comunidad de Madrid. Es una operación de Estado, del Estado sanchista que no tiene reparos en utilizar todos los resortes a su alcance para destruir a un ciudadano anónimo si con eso consigue debilitar a una rival política.