La UCO deja al fiscal general de Sánchez como un delincuente común: "Borró todos los mensajes"

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación al fiscal general del Estado han declarado este miércoles en el juicio que sigue contra él en el Tribunal Supremo y han dibujado el perfil, la conducta de un delincuente común que hace lo posible por borrar cualquier rastro del delito para entorpecer las pesquisas policiales y judiciales.

"No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación", ha manifestado con claridad uno de los agentes. Se refiere a los mensajes de WhatsApp de los días de la filtración, 13 y 14 de marzo de 2024. Los borró todos el 16 de octubre, casualmente el mismo día en que el Supremo ordenaba abrir la investigación y el instructor podía ya actuar contra García Ortiz. Unos días más tarde cambió incluso de móvil, de terminal. Y no contento con eso, también eliminó por completo su correo privado de Gmail en el que, según se ha documentado, recibió los correos del novio de Ayuso que le enviaron sus subordinados.

Un borrado de pruebas de manual. Una actitud altamente sospechosa que el tribunal que le juzga tendrá que valorar dentro de toda la causa, porque si bien no es un delito borrar los whatsapps, eliminar el correo electrónico sin dejar rastro y cambiar de móvil, sí da qué pensar. Afán por cooperar con la justicia no se ve ahí, desde luego. Mas bien todo lo contrario, parece una forma de obstaculizar o ralentizar la investigación. Y que eso lo haga el fiscal general del Estado, el encargado de velar por el cumplimiento de la ley y perseguir el delito, es una anomalía y un mal ejemplo desalentador para los ciudadanos.

No sabemos qué decidirá la Justicia sobre Álvaro García Ortiz. La responsabilidad penal la delimitan los tribunales, pero hay una evidente responsabilidad política. Porque más allá de si fue el primero en filtrar el correo o el segundo o el tercero, lo cierto es que participó en una operación que ponía negro sobre blanco datos confidenciales de un ciudadano hasta entonces anónimo y que lo hizo siguiendo instrucciones de La Moncloa con un objetivo político: desacreditar o perjudicar a una rival política como es Isabel Díaz Ayuso, archienemiga de Sánchez y su peor pesadilla. 

Esta operación de Estado, que es lo que es, inhabilita a García Ortiz para ejercer como fiscal general. Condenado o absuelto, tanto este señor como todo el sanchismo del que forma parte deberían ser recordados dentro de unos años como un borrón en la historia de la España democrática.